Concertación como única solución

Ya son 32 años de concertación justa en Colombia. La consulta previa es un instrumento valioso que se desarrolló a partir de la Constitución de 1991. A nivel global la establecieron los diferentes países en junio de 1989, a través del Convenio 169 sobre pueblos indígenas, en la conferencia internacional del trabajo organizada por la OIT. Se firmó un acuerdo tripartito con participación de Gobiernos, organizaciones privadas y comunidades étnicas. Representa un avance significativo en el desarrollo de proyectos de infraestructura, en la medida en que habilita una discusión centrada en los riesgos y beneficios de la ejecución de estos. Al ser una herramienta capaz de otorgar voz y voto a las comunidades indígenas o minorías étnicas, constituye un proceso fundamental para el óptimo crecimiento del sector de la energía en el país.

Desde que se aprobó la última Constitución se han dado pasos mayúsculos hacia la mejora del proceso de consulta previa. Las comunidades dominan cada día más el arte de la concertación y son ahora más conscientes de la necesidad de una infraestructura robusta, competente, pero a la vez, sostenible. El sector privado por su parte ha desarrollado metodologías precisas y efectivas. Hoy en día éste es un procedimiento que todo aquél involucrado en grandes obras de infraestructura, entiende, y especialmente reconoce la importancia de llevarlo a cabo. Las dificultades y detalles están a la orden del día. Es un proceso complejo con muchas aristas. Algunas comunidades presentan cierto tipo de recelo, desconfianza o dudas frente a los impactos de carácter ambiental y social implícitos en la ejecución de estas obras.

Estos procesos requieren socialización y concertación. Las empresas deben compensar los efectos colaterales para garantizar que las comunidades reciban algo a cambio por el territorio entregado. La consulta previa representa un camino hacia la concertación justa y equitativa, necesaria para cualquier proyecto de infraestructura. Un ejemplo de buenas prácticas viene del sector energético con Enlaza, una empresa del Grupo Energía Bogotá, que logró un hito en la implementación de estos mecanismos. Enlaza concertó 235 consultas: un avance que atraviesa 475 kilómetros de municipios cómo Uribia, Manaure, Maicao, Albania, Riohacha, Distracción, San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar, en La Guajira; y Valledupar, La Paz, Becerril y el Paso, en el Cesar.

Gracias a esto se podrá consolidar el proyecto Upme 06-2017 Colectora, que representa una gran apuesta de energía eólica en La Guajira por la conexión de siete parques.

Esta interconexión generará una capacidad de 1.050 megavatios para atender cerca de 10% de la demanda de energía eléctrica del país de forma limpia.

Este tipo de éxitos son evidencia de que el reconocimiento de las necesidades locales es fundamental, pero también lo es el avance de grandes proyectos que harán viable al país por medio de una concertación justa, el camino necesario para habilitar un desarrollo sostenible en Colombia. En otros sectores no se ha avanzado tanto y los proyectos se enredan por el camino, especialmente cuando las comunidades adhieren a políticos locales en campaña con un discurso contrario al de la concertación.