Córdoba nunca plagió

En los últimos años, el concepto de plagio académico se ha venido distorsionando en Colombia, convirtiéndose en un arma de desprestigio contra figuras públicas. Herramientas como Turnitin, creadas para promover la transparencia, han sido manipuladas para fabricar escándalos que dañan reputaciones y debilitan la confianza en el campo del conocimiento. Este panorama se refleja en el caso de Felipe Córdoba, excontralor de la República, quien fue falsamente acusado de plagio en el documento de su tesis doctoral.

Las acusaciones se basaron en un mal uso de Turnitin, que identifica coincidencias, pero no demuestra plagios de manera contundente. Las personas que estuvieron detrás de los falsos señalamientos presentaron como plagios unos fragmentos que, según un exhaustivo peritaje del doctor Pablo Elías González Monguí, estaban correctamente citados dentro del contexto académico.

Este peritaje, respaldado por la Universidad de Jaén, la Universidad de Cartagena y la Universidad Católica, desmiente con contundencia las acusaciones, dejando claro que Turnitin no debe ser usado para validar teorías conspirativas ni agendas sensacionalistas. El doctor González Monguí, reconocido jurista que además fue fiscal general encargado, evidenció cómo las denuncias tergiversaron citas perfectamente válidas. El perito también aclaró que el concepto de “autoplagio” fue malinterpretado. Cuando se reiteran ideas en un texto académico se considera como una práctica legítima cuando se contextualizan adecuadamente. Es común ver a un autor académico que cita contenidos de sus propias publicaciones anteriores.

Este caso, más allá de la defensa de Córdoba, revela el problema estructural de la instrumentalización del discurso académico como herramienta política. La Universidad de Jaén otorgó a la tesis doctoral de Córdoba la máxima calificación de “summa cum laude” tras un riguroso proceso de revisión por pares. Además, la editorial Tirant Lo Blanch, prestigiosa en el ámbito académico, validó la originalidad de la investigación al publicarla.

Estos hechos, sumados a la certificación de la Universidad de Cartagena, confirman que las acusaciones eran infundadas. El caso también pone en evidencia el poder destructivo del ruido mediático. Las redes sociales y algunos sectores periodísticos, al amplificar denuncias sin bases sólidas, no solo afectan reputaciones individuales, sino que también erosionan la credibilidad de las instituciones educativas. En el mundo de las fake news, sumado al uso desbordado de tecnologías como inteligencia artificial, las desinformaciones y rumores logran cooptar las narrativas en una sociedad.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pero su impacto aquí es particularmente grave debido a la polarización política en la que vivimos en los últimos años. Es necesario proteger el rigor académico y garantizar que las herramientas como Turnitin sean interpretadas por expertos. Entender que las coincidencias no son sinónimo de plagio es un primer paso crucial para evitar manipulaciones. El peritaje de González Monguí nos recuerda que la verdad académica no debe estar al servicio de agendas políticas. Casos como el de Felipe Córdoba deben servir como lección para proteger la integridad académica de acusaciones infundadas.