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El fallo de segunda instancia de la tutela interpuesta por un grupo de 49 ciudadanos por el derecho a la legítima protesta de la población, va a desencadenar posiblemente un conveniente choque de trenes entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Al conocer el sentido del fallo, el Gobierno decide, por lo menos hasta ahora, no acatarlo y expresar públicamente sus reparos al mismo. En una acción que puede ser vista como precipitada, el equipo jurídico del Gobierno le pide a la Corte Constitucional una tercera opinión, que no es una revisión obligatoria. Supongamos que aceptan revisar la tutela. Expertos plantean que el trámite podría demorar al menos año y medio en resolverse, es decir, cuando Duque esté finalizando período y estemos en campaña presidencial 2022. Mientras tanto, tendremos largos debates entre académicos, ex magistrados y abogados enfrascados en discusiones de forma, fondo, letra menuda y hasta de filosofía. Apenas para un país de leguleyos y tinterillos.
Del enredo hay algo bueno. Es curioso ver al presidente Duque buscando apoyo en la Corte Constitucional porque los argumentos de la Suprema no lo convencen. Cabe recordar que la Corte Constitucional ha tumbado varios decretos importantes adoptados durante el periodo de pandemia. Es un escenario en donde a Duque le ha ido mal. Es evidente que los abogados que apoyan jurídicamente a la Presidencia han tenido fallas garrafales múltiples veces y en poco tiempo. La situación demuestra que todavía tenemos Estado de Derecho y que existe afortunadamente la correspondiente separación de poderes.
En la Corte Suprema hubo dos magistrados que salvaron el voto y no están de acuerdo por diferentes razones. Algunos ex magistrados de la Constitucional han opinado descalificando el procedimiento. Otros juristas y académicos celebran que al fin se pone la idea del ciudadano y su legítimo derecho como prioridad en discusión. La sola existencia del debate es muy sana. Política y jurídicamente. De eso se trata la democracia.
Del extenso texto del fallo llama la atención el fragmento: “Una Nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo; izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”. Usar “Reconstrucción” implica que hubo destrucción en algún momento. Ese es el verdadero origen que hay que buscar. ¿Qué nos llevó a este escenario y cómo se puede mejorar de ahora en adelante?
El funcionario que sí acató el fallo fue el nuevo defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. Publicó rápidamente un video explicando medidas como un refuerzo al sistema de quejas de ciudadanos y la integración de un grupo de funcionarios de la Defensoría para vigilar el cumplimiento de lo que pide la Corte. Una entidad independiente de todas las demás. Bien por Camargo que se pone del lado del ciudadano. Ahora el país queda pendiente del acatamiento del fallo de la tutela por parte de los demás funcionarios. Solo así se evitaría contribuir aún más a la “destrucción” del Estado de Derecho.
