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Congresistas del Pacto Histórico y del Partido Verde, así como la Ministra de Trabajo, vienen impulsando una idea para acabar los contratos de prestación de servicios u órdenes de prestación de servicios y mejorar las condiciones de miles de colombianos independientes. Se radicó en agosto pasado el Proyecto de Ley 113 de 2022 que busca modificar los artículos 160, 161 y 170 del Código Sustantivo de Trabajo.
El propósito es cambiar el horario de jornada laboral y regular las horas extras. Algunos congresistas intentarán equiparar niveles de honorarios a los de salarios. Por más bien intencionadas que estén las iniciativas hay que separar el análisis en varias de sus partes. No se debe calcular para un trabajador individual únicamente, hay que ver la película macro. El impacto sería gigante en términos de costos para el mismo Estado. Recordemos que para un empleado, la entidad que lo contrata debe asumir el valor de los aportes parafiscales, es decir, una cifra equivalente a 51% del salario.
Muchos independientes tienen varios contratos u órdenes de prestación de servicios (OPS). Cualquier decisión que se tome les va a disminuir los ingresos drásticamente. Se pretende que en la mayoría de los casos solo tengan un contrato de este tipo. Esto le haría muy difícil la vida a una porción importante de la población. Con el cálculo del aumento en aportes parafiscales, se puede observar que la iniciativa es inviable, salvo que los empleadores recluten a los nuevos empleados con salarios inferiores para poder cumplir la norma y no sobrepasar los presupuestos.
Los que tienen un solo contrato de prestación de servicios están en riesgo de perderlo. Al modificar el marco regulatorio, es posible que los números resulten a la baja en detrimento de los contratistas. Puede pasar que con el sobrecosto propuesto las entidades se vean forzadas a contratar a un menor número de personas, pues sencillamente los presupuestos no aumenten mágicamente de un día para otro. Si una entidad tiene 10 personas de 1 millón de pesos cada una por prestación de servicios, el presupuesto mensual es de 10 millones de pesos. Cualquier cambio implicaría que ya esos 10 millones de pesos no alcanzarían para contratar a esas 10 personas, sino para contratar 6 o 7 únicamente. Esto generaría un desempleo inmediato de proporciones insospechadas.
Otro elemento para tener en cuenta son las personas que tienen varios trabajos pero no cumplen jornadas extensas. Son trabajos puntuales por horas. Se ha venido insistiendo, especialmente por parte de compañías tecnológicas, en la necesidad de regular al menos para ciertas actividades la posibilidad de que las compañías contraten a los independientes por horas, tal como sucede en Estados Unidos. En esta modalidad se permite a los independientes tener varias fuentes de ingresos, lo que daría solución a quienes puedan prestar sus servicios sin una carga laboral que vuelva inviable los presupuestos de las entidades.
Los gremios y trabajadores independientes deben ser escuchados. No solo en audiencias públicas formales del trámite de todo proyecto de ley. El debate es necesario a todo nivel. Es un tema que si se aprueba a la ligera puede terminar en alto desempleo, crisis económica para miles de familias.
