La estocada final

Se acerca marzo y los congresistas vuelven a su actividad parlamentaria, aproximadamente un año antes de las elecciones para Cámara y Senado del 2022. Habitualmente en esta etapa se comienzan a configurar las campañas, y es natural observar a congresistas apartarse de la línea de pensamiento del gobierno de turno. Es más fácil ganar votos y popularidad haciendo oposición que defendiendo a un gobierno al que le queda poco tiempo. En el caso particular del gobierno Duque no solo es por el final de la carrera. Como decía en el texto de la semana pasada, la popularidad se ha desplomado, entre otras cosas, por el exceso de pantalla que saturó a los colombianos. Las coaliciones de ayer no serán las de hoy ni las de mañana. Entramos en una etapa del “sálvese quien pueda”, que genera un natural rechazo a proyectos de ley impopulares.

Dicho todo lo anterior, es bastante inconveniente el trámite de una nueva reforma tributaria en un año de recuperación económica. Sería el gobernante con más reformas tributarias en un período de cuatro años que ha tenido la historia del país. Los economistas y analistas justifican el tema por el aumento posible en los intereses de la deuda si las calificadoras de riesgo nos rebajan en sus escalas. El pago de la deuda y sus condiciones se pueden refinanciar, dado el excelente comportamiento histórico de diferentes gobiernos colombianos ante el servicio de deuda nacional e internacional. Somos de los países “buena paga” lo cual permite explorar alternativas de refinanciación.

No estoy proponiendo el no pago como algún Gobierno reciente de Argentina, o irse a pleito con tenedores de bonos internacionales como han hecho los que se acercan al default. Colombia está lejos de un default. Hay que tener en cuenta que el precio del barril de petróleo Brent ya superó los US$66, está muy por encima de los precios que proyectaron el año pasado en el Presupuesto General de la Nación por debajo de US$50 por barril. El gobierno tiene un colchón, del cual no le gusta hablar en público, que podría ascender a más de $5 billones por efecto petrolero.

Conversé con algunos congresistas de comisiones económicas y ninguno ve un panorama viable para pasar el proyecto a plenarias. No se conoce el texto, pero de las declaraciones del viceministro Londoño quedan demasiados cuestionamientos. ¿Es cierto que quieren gravar productos de la canasta familiar? ¿A quién se le ocurrió tocar salarios de trabajadores de menos de $5 millones mensuales que comenzarían a pagar renta? Están entrando a atacar el bolsillo de los colombianos en un momento en donde justamente lo que se necesita es que nos quiten impuestos, que bajen el IVA en vez de subirlo y que ayuden a la gente a sobrevivir la coyuntura.

No han entendido que hay gente muriendo de hambre al mismo ritmo del coronavirus. El hundimiento de la iniciativa en el Congreso es muy probable. Si hay escasez por caída en ingresos, en vez de buscar clavar a más colombianos, el gobierno debería reducir gasto, priorizar inversión, refinanciar deuda y rebuscar como millones de familias que perdieron sus empleos.

Muchos de ellos hasta ahora están comenzado a recuperarse gradualmente como para venir a darles ahora una estocada mortal con mayores impuestos.