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Desde 2006 la “Revolución Bolivariana” de Hugo Chávez empezó un proyecto de expansión de su ideología por Latinoamérica, apalancado en los ingresos multimillonarios del petróleo. Chávez planificó una estrategia de largo plazo. Con actividades culturales, académicas en apoyo y respaldo a la Revolución Cubana se consolidaron las llamadas “Casas de Solidaridad con Cuba y Venezuela”. De extrema izquierda, sirvieron como fachada de grupos terroristas colombianos. Configuraban elementos de subversión de Cuba y Venezuela, establecían contactos que apoyaban la creación de células en Colombia.
De 2008 a 2018, la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, con operación en Barranquilla, fue administrada en su totalidad por el gobierno venezolano. Resultó ser un proveedor de fondos ilegales para varias campañas políticas en el país, que Venezuela consideraba afines para su expansión ideológica.
Monómeros trabajaba bajo cuerda con estas casas.
Un ejemplo documentado el del venezolano Carlos Manuel Pino García, expulsado de Colombia en 2018. Pino fue capturado en 1999 en Vichada junto con 3 terroristas de las FARC, pero regresó al país en 2000 como miembro no oficial de la embajada de Venezuela. Por instrucciones de Chávez empezó a realizar actividades de coordinación, apoyo, operaciones encubiertas políticas y financieras para organizar redes.
Pino se casó con la colombiana Gloria Florez Schneider quien fuera Secretaria de Gobierno de la alcaldía de Gustavo Petro y ahora es senadora electa del Pacto Histórico. Pino se relacionaba con embajadas y partidos políticos afines sobrepasando las facultades de un empleado oficial amparado en su condición de promotor cultural de la embajada en las casas de solidaridad. Promovió su proyecto en espacios académicos, tejiendo una red estratégica para influir en la política y la seguridad colombianas.
Todo el trabajo se orquestó desde el Hotel Meliá de Caracas usado por el gobierno de Venezuela como sitio de alojamiento y coordinación de personajes. Ahí se hospedaron miembros de las FARC antes de firmar el acuerdo de paz: Jesús Santrich, Iván Márquez, Nicolás Gabino y cabecillas del ELN. El hotel, que recientemente cambió de dueños, tuvo una habitación propia Piedad Córdoba, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega y José Luis Rodríguez Zapatero. Gustavo Petro estuvo en 2018 ahí con Diosdado Cabello pidiendo financiación a su proyecto político, pocos días después de perder las elecciones contra Duque.
El resultado de 15 años de trabajo sistemático a través de las Casas de Solidaridad ha sido construir una narrativa gradual de descontento. Estos espacios consulares con apoyo financiero internacional, adoctrinaron estudiantes, profesores, la Primera Línea, organizaron marchas campesinas, indígenas, reclutaron venezolanos deambulantes. El discurso prefabricado permitiría lo que se está vendiendo hoy como una “inminente” necesidad de la ciudadanía: el cambio. A raíz de los “Petrovideos” una consecuencia obvia de las casas de solidaridad es el soporte financiero a esas acciones en las redes contra candidatos, bastante costosas. Estos gastos nunca se registran en campaña y deberían ser del resorte del Consejo Nacional Electoral, quien debe revisar a fondo los topes de las campañas.
