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Una de las promesas de campaña del actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, era la de conseguir los recursos necesarios para que la ciudad tuviera el financiamiento de grandes proyectos como el metro y las últimas fases de Transmilenio y el Sitp. Para lograrlo, Peñalosa explicó a los ciudadanos que el distrito debía salir de las acciones que mantiene en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, en calidad de accionistas mayoritario. Como se explicó en anteriores columnas de este mismo medio, el sindicato de la ETB no solo se opuso al proceso de enajenación de acciones, sino que ayudó a financiar la iniciativa de revocatoria del mandato del actual alcalde. En estos momentos, el proceso está en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que la iniciativa jurídica adelantada por Sintratelefonos logró suspender la venta el año pasado.
Varias fuentes me han enterado de que en las últimas semanas se ha acelerado el estudio del caso en el Tribunal, y que posiblemente en próximos días se tomarían decisiones que levantarían la suspensión y Peñalosa podría seguir adelante. Si esto sucede, el alcalde lo deberá hacer muy rápido, pues el mandato termina en diciembre del próximo año. Hay un par de empresas multinacionales interesadas, a la expectativa de esta nueva etapa. Uno de los indicios que corrobora la información de las fuentes, es que, durante el Mundial de Fútbol, mientras la mayoría de los medios estaban enfocados en la Selección Colombia, la empresa comenzó un proceso de adelgazar la planta de personal con planes de retiro voluntario. Con menos trabajadores, se supone que la empresa vale más. Al frente del proyecto se encuentra Tatiana González Uscátegui, la Vicepresidente de Capital Humano, quien tiene abiertas las puertas de su despacho para que cualquier trabajador, sindicalizado o no, llegue con sus datos y en pocos días se le hace una oferta que supera en 10% el valor de la indemnización legal, a cambio de una renuncia voluntaria.
El 27 de junio pasado se fueron de la compañía 34 personas y 49 se retiraron voluntariamente. Como el Ministerio de Trabajo exige que si una empresa va a retirar el 5% de su planta debe pedir autorización, en este momento hay unos 100 cupos de despidos para no violentar la norma. En las últimas dos semanas han solicitado información alrededor de 300 trabajadores, de estos ya casi 50 se han desvinculado voluntariamente. Ha sido un plan eficiente y mucho más económico que retiros voluntarios del pasado.
En las bases populares se dice que no hay sindicato. En la última asamblea convocada, el quórum no se cumplió con el requisito de más de 750 trabajadores. Aprobaron estados financieros de 2017 y presupuesto de 2018 a ojímetro, y cuando se realizó votación con papeleta para llamar a elecciones se encontró que llegaron 313 votos por el SI y 313 votos por el NO para un total de 626 votos, cifra bastante alejada del quórum. El detalle es que en los estados financieros aparece en la página 5 una nota con un rubro de $23 millones que el señor Gustavo Merchán Franco (vocero de la revocatoria) le debe al sindicato, quien fue el mayor aportante de la revocatoria. Por esa misma cifra de $23 millones es que el Consejo Nacional Electoral tumbó la iniciativa. Lo complicado es que el expediente dejó de estar en el CNE y fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación. Mejor dicho, empapelados, sin poder tumbar al alcalde ni frenar la inminente venta de la ETB.
