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Las empresas en Colombia que trabajan en la nueva economía se ven afectadas por decisiones que se vienen tomando desde la rama judicial y organismos que inciden sobre las nuevas formas de hacer negocios. La consolidación de internet tiene a la mayoría de compañías pensando en transformación digital. Hay empresarios que han creado sus proyectos desde internet, es decir, lo que se conoce como nativos digitales. Empecemos haciendo una diferencia entre lo que se ha denominado “economía naranja” y lo que no lo es. En escenarios académicos se ha venido distorsionando el concepto. La economía naranja se refiere a industrias creativas, audiovisuales, culturales, musicales, en algunos casos turísticos, y en casos muy puntuales el desarrollo de cierto tipo de software.
Otra cosa es la economía colaborativa, sobre todo en plataformas tecnológicas digitales, que nada tiene que ver con “naranja”. Siendo estrictamente rigurosos, la economía colaborativa se centra principalmente en cinco subsectores, en efecto: plataformas de contacto (como Rappi y otros domiciliarios), plataformas de movilidad compartida (Uber, Cabify, Beat, Didi y otras), plataformas de comercio electrónico (MercadoLibre, Ebay, Amazon), servicios fintech (todas las financieras que no son bancos tradicionales) y servicios de movilidad de última milla (dockless mobility como patinetas y bicicletas). Muchas compañías que trabajan en estos cinco subsectores recorren el mismo camino frente a las normas establecidas en cada uno de los sectores en donde entran en modo de disrupción. Para unos es mucho más fácil que para otros, las áreas grises que hay no siempre son amplias o evidentes. El Gobierno por ahora impulsará un proyecto de ley que afecta apenas uno de los subsectores. Ese marco normativo debe reconocer la realidad de un sector que ayuda a desarrollar la economía.
Lo que se hace en el exterior, con Procolombia, embajadas, las visitas del presidente a otros mercados siempre buscan que nuestro país se “venda” mejor y atraer más inversión extranjera. Los fondos de capital privado e inversionistas institucionales internacionales observan a Colombia con buenos ojos en términos generales. Muchos preguntan por temas de estabilidad jurídica, y es normal que en los últimos días sea tema de conversación el caso atípico de Uber, situación que no ocurre en ninguna otra nación.
El CEO de Uber, una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, ha pedido cita con el presidente Iván Duque al menos en tres oportunidades y no ha sido posible. Inclusive en la visita de Duque a Silicon Valley comenzando el gobierno actual, se reunió con algunas compañías importantes de tecnología y con otras importantes que tienen sede en la misma ciudad no quiso hacerlo. Es entendible y muy razonable el discurso de no legislar desde el Estado para una sola compañía, pero sí llama la atención que para algunas empresas del mundo tecnológico resulta muy fácil acceder a la Casa de Nariño y para otras no.
Habrá que revisar en manos de quién está esa decisión de cerrar la puerta para unos y abrirla para otros, especialmente bajo qué tipo de criterio se están negando los accesos al mandatario. Queremos vender mejor al país, ayudemos a todo el mundo por igual a hacer los negocios en nuestro territorio. Ojalá regrese Uber. Ojalá lo hagan rápido y que las normas de nuestro país se actualicen a la realidad de la economía colaborativa. Todos lo necesitamos. Todos nos beneficiamos.
