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Estamos a cinco semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales con un ambiente político más tenso que nunca. Reinan los cuestionamientos. Desde el Congreso piden que el registrador, Alexander Vega, sea suspendido para nombrar a uno Ad Hoc. Vega en las últimas horas anunció un doble preconteo y cambio de todos los jurados con mayor capacitación incluyendo simulacros. En las pasadas elecciones para Congreso y consultas, presenciamos un fenómeno sin precedentes y que ojalá nunca se repita. Revisando la documentación pública disponible se encuentra el contrato de $1,24 billones firmado con la Unión Temporal Disproel. Es un grupo de empresas lideradas por la firma Thomas Greg & Sons que aseguraba cubrir todo el proceso electoral con las garantías, exigencias y respaldos de experiencia necesarios para las legislativas.
Tres fenómenos sucedieron el 13 de marzo. Todo comenzó con la caída de la página Infovotantes, que estuvo fuera de línea durante al menos cuatro horas. Las personas se aglomeraban en la web tratando de confirmar información clave para ejercer su derecho al voto. Para muchos fue simplemente imposible revisar el sitio de votación pese a que el compromiso era de falla cero como lo dice el contrato. Debía haber protocolos suficientes, pero se registraron ataques informáticos, e incluso hubo denuncias oportunas en redes sociales y a través de medios de comunicación.
En segundo lugar, el software de preconteo contratado con Disproel sencillamente falló. La confesión de Vega de casi un millón de votos de diferencia demuestra que, entre ese software, los jurados y el cuestionado formulario E-14, fue imposible proteger de manera adecuada la confianza del ejercicio electoral. El mismo Vega, que no se ayuda mucho, en declaraciones anteriores había venido ambientando la palabra fraude desde que sugirió diferencias entre bases de datos de Dane y Registraduría.
En tercer lugar, el proceso de inscripción de cédulas tuvo fallas evidentes al presentarse denuncias sobre la no inscripción exitosa o no identificación de puntos de votación. Pese a preguntar, denunciar, patalear y demás, miles se quedaron sin su derecho al voto. ¿Los volverán a dejar por fuera el 29 de mayo?
De manera limitada, se hicieron ajustes a los formularios E-14 (tardíos, considerando que la elección presidencial es totalmente diferente al de la elección de Cámara y Senado) y se tomaron otras medidas que parecen menores, pero que miran hacia delante y no reparan hacia atrás. Eso ha disparado la desconfianza y ha fracturado la seriedad de las instituciones. Seguir adelante sin las respuestas adecuadas ha dejado una sensación de vacío. Hasta no conocer los detalles de lo que ocurrió no sabemos todavía si esa platica se perdió. Disproel se había comprometido a publicar un documento de explicaciones y análisis de la situación que la opinión pública merece conocer. A la fecha, ni el Registrador, ni la Unión Temporal que acompañó los procesos electorales en cuestión, han salido a responder algo medianamente razonable. Es importante que suban ese documento al Secop II de manera urgente, si es que existe. Mientras tanto se mantiene el manto de duda por un millón de votos de diferencia: a nivel porcentual un descalabro estadístico.
