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Se intenta incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo un par de “articulitos” para elevar ciertos aranceles a fin de proteger, según se afirma, la producción nacional de textiles y de confecciones de una ruinosa competencia externa. La propuesta es abiertamente contraria a la Constitución, la cual establece que las regulaciones en materia de comercio exterior, incluida la fijación de aranceles, son prerrogativas exclusivas del Gobierno Nacional que debe ejercer con fundamento en el marco general adoptado por el Congreso.
Como los precedentes importan, la prosperidad de la iniciativa implicaría una pérdida de gobernabilidad en materias económicas que podría tener efectos muy adversos en la confianza de los inversionistas internacionales, los adquirentes de nuestra deuda pública y el flujo de crédito externo hacia el sector privado.
Un esquema semejante de competencias compartidas se contempla en la Constitución para la definición de las políticas monetarias y de cambios internacionales, pero no ya entre el Congreso y el Gobierno, sino entre aquel y el Banco de la República. Si la fijación directa de aranceles por el legislativo es factible, con la misma lógica podría aquel establecer el tipo de cambio; ese sería el fin de la autonomía del Emisor en la gestión de la política monetaria, habida cuenta de las implicaciones que en el comportamiento de los agregados monetarios tiene la paridad del peso frente al dólar y otras monedas de uso frecuente en las transacciones internacionales.
De otro lado, es importante advertir que el Congreso ha ratificado un conjunto de tratados de comercio, todos los cuales incluyen compromisos en materia arancelaria. Entre ellos cabe mencionar los celebrados con la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Chile, algunos países de Centroamérica, entre otros. Aplicar a esos países los aranceles que se incorporarían en el PND, resultaría violatorio de esos acuerdos. No faltará quien diga que eso no importa porque, mientras nos demandan (y, por supuesto, nos ganan) ya habremos cumplido en parte la tarea de proteger la industria y el empleo nacionales de los abusos que contra ellos cometen agentes foráneos.
Ante las bondades aparentes del curso de acción que se postula, es preciso contraponer sus dañinos efectos directos, aunque hay otros colaterales: los consumidores tendrían que pagar precios más elevados por las prendas de vestir. Como el alza de aranceles aumenta la rentabilidad del contrabando, los comerciantes formales, que tanto contribuyen al empleo y la generación de riqueza, padecerían un golpe significativo. La industria resultaría perjudicada por la misma razón y por las medidas de retaliación que en el exterior podrían imponerse a nuestras exportaciones.
Si los problemas que afrontan los sectores de textiles y confecciones fueren, como temo, de falta de productividad y competividad, elevar la protección arancelaria ayudaría a perpetuar su ineficiencia. Si el problema tuviere origen, lo que es muy posible, en los precios predatorios de importaciones provenientes de China y Vietnam, entre otros, existe un arsenal de medidas que los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, entre ellos nosotros, podemos adoptar para combatir prácticas desleales de comercio.
La defensa de la institucionalidad y la coherencia en materias económicas constituye un patrimonio nacional que hay que defender cualquiera sea el costo.
