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El Dane publicó recientemente una índice de pobreza municipal con los datos del censo del 2018. Esta información es valiosa, comenzando porque tiene una cobertura amplia, ya que incluye a todos los municipios del país. Además, es un instrumento poderoso de política económica.
Los componentes de este índice no son exactamente los mismos del índice de pobreza multidimensional que se publica regularmente. La diferencia se explica porque las preguntas del censo son más restringidas que las de las encuestas de calidad de vida con las que se estima el índice convencional. El IPM censal incluye 15 variables, que permiten tener un panorama comprehensivo de la calidad de vida del municipio.
Las dimensiones que cubren estas variables son amplias, y permiten tener una visión muy completa de las condiciones sociales y económicas del municipio. El índice de pobreza multidimensional abarca un espectro considerablemente más amplio que el de la pobreza monetaria.
Ahora que los municipios están haciendo sus planes de desarrollo, sería conveniente que la línea de base fueran las privaciones observadas en cada una de las variables.
El hecho de que las privaciones se puedan clasificar por dimensiones permite orientar las decisiones de política con enfoque sectorial. Al tener la incidencia de la pobreza en cada una de las variables, la administración pública puede orientar las decisiones de manera específica. Esta diferenciación permite focalizar la acción según las necesidades particulares.
Igualmente, permite diferenciar, según variable y dimensión, el margen de maniobra de cada uno de los niveles de gobierno (municipal, departamental y nacional). La capacidad de acción de los municipios es muy heterogénea, y depende de su tamaño y recursos. Frente algunas variables, como alfabetización, el municipio puede actuar con mayor celeridad que frente a otras variables como empleo informal, que dependen de condiciones más estructurales.
En el diseño de las políticas que se incluyan en los planes de desarrollo, el municipio debe establece prioridades en función del programa de gobierno de cada administración, y de sus posibilidades reales. No tiene mucho sentido, por ejemplo, que un municipio pequeño pretenda resolver las privaciones relacionadas con el trabajo informal, o con el empleo de larga duración.
Esta tarea desborda las capacidades de acción del municipio. La solución de este tipo de privación se tiene que realizar en coordinación con los gobiernos departamental y nacional. El tipo de privación determina las modalidades de coordinación entre las instancias gubernamentales.
Los datos de la pobreza municipal censal ponen en evidencia las profundas asimetrías que existen entre los municipios del país. Las brechas son significativas. Y estas enormes diferencias son una invitación a formular políticas nacionales que vayan mucho más allá de los promedios. Para algunos municipios los datos son escandalosos. La informalidad, por ejemplo, puede ser superior al 90%, o las coberturas de servicios públicos continúan siendo muy bajas.
Todos los municipios deberían utilizar en sus planes de desarrollo esta medida de pobreza multidimensional. Sería una excelente línea de base. Y por el lado del gobierno nacional, debería ser objeto de preocupación la inaceptable divergencia entre municipios. Y junto con las gobernaciones coordinar acciones con enfoque territorial.