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Las protestas de los “chalecos amarillos”, que comenzaron en Francia y se han extendido a otros países de Europa, son la expresión de la indignación de grupos de la población de ingresos medios. Aunque las discusiones sobre las motivaciones últimas de las manifestaciones pueden ser interminables, vale la pena destacar una de las causas: el rechazo a la inequidad fiscal. El detonante en Francia fue el aumento del impuesto sobre el carbono. El gobierno presentó la medida como una alternativa para financiar los gastos que implica la sostenibilidad ambiental, y la respuesta (mitigación y adaptación) al cambio climático. Sin duda, el propósito de la medida es loable, pero los manifestantes sienten que las cargas tributarias están mal distribuidas.
En Francia, la presión fiscal, que mide el peso que tienen los impuestos en el PIB, es de las más altas del mundo. Entre 2010 y 2017 pasó de 44,1% a 48,2%. En 2010 la tributación per cápita año era de 13.000 euros. Ahora se acerca a los 17.000 euros. Para tener un punto de comparación, en Colombia la presión fiscal apenas es de 16%.
En Francia y en varios países de Europa se protesta porque los ricos pagan, en términos relativos, muy pocos impuestos. La carga de la tributación está siendo asumida por las clases media. Los chalecos amarillos piden, entre otras reivindicaciones, que el sistema tributario sea progresivo. Es decir, que la tarifa del impuesto vaya creciendo con el nivel de ingreso, de tal manera que los ricos paguen mucho más.
Oxfam presentó su informe anual en la reciente reunión del Foro Económico Mundial en Davos. Volvió a insistir en que a nivel internacional la brecha entre ricos y pobres se sigue ampliando a ritmos exponenciales. El año pasado, 43 personas tenían el ingreso de la mitad más pobre de la población del mundo (3.800 millones de personas). Y hoy, el número de súper ricos se redujo aún más y apenas es de 26. Estos datos deberían causar más alarma. A pesar de los llamados reiterados de Oxfam para que los impuestos sean progresivos, los países avanzan muy poco en esta dirección. En Colombia, la llamada “ley de financiamiento” acentúa la desigualdad de la riqueza. El gobierno habla de equidad pero es incapaz de diseñar un sistema de impuestos que sea progresivo.
El informe de Oxfam comienza con una frase clara y contundente: “La cobertura universal en salud, educación y otros servicios públicos reduce la brecha entre ricos y pobres, y entre hombres y mujeres. Estos gastos se podrían financiar con unos impuestos a la riqueza más equitativos y transparentes”. El bien-estar de la población obliga a la ampliación de las coberturas en educación, salud y, en general, de los servicios públicos. Y para poder financiar de manera adecuada estos gastos es indispensable que la tarifa del impuesto sea progresiva en los rangos superiores de la riqueza. En los años setenta, recuerda Oxfam, en los países desarrollados la tarifa del impuesto a la renta para las personas de más altos ingresos bordeaba 70%. Hoy, apenas es de 38%.
Sin altas tasa de impuestos a los más ricos no es posible mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población. Animados por esta convicción, los chalecos amarillos salen a protestar en la calle. Colombia continúa rezagada. La ley de financiamiento se quedó cortísima. No se avanzó en progresividad y las exenciones aumentaron.
