Contratos-Plan y mermelada

Los Contratos-Plan son una figura intermedia entre la dispersión inherente a la lógica de la mermelada, y la opción ideal que consistiría en el diseño de acciones estratégicas, coordinadas desde el Gobierno Nacional. Se ha avanzado y ya se han firmado Contratos-Plan por $12.6 billones. Estos acuerdos todavía son insuficiente por dos razones.

1) No basta con las iniciativas voluntarias. Para que las estrategias territoriales avancen, se debe ir más allá del acuerdo entre las partes, que es el fundamento de los Contratos-Plan. Para Edgar Revéiz “... se requiere con urgencia una Política Nacional de Ordenamiento Territorial (Pnot) y la creación del Ministerio de Ordenamiento Territorial” (El Estado Estratega para el Ordenamiento Territorial, 2013, Academia Colombiana de Ciencias Económicas). En su opinión el Estado tiene que ser el “estratega” del ordenamiento territorial. Esta propuesta acierta al darle al territorio un papel privilegiado, y en este contexto la principal función de los departamentos debería ser la de articular acciones en el territorio.

Mientras se avanza hacia la propuesta de Revéiz, valdría la pena preguntarse sobre la conveniencia de consolidar mecanismos de integración más coercitivos. Se deben concretar formas de acción más estables, que ya existen en las normas, como: la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), o la Región Administrativa de Planeación (RAP), la Región de Planeación y Gestión (RPG), las Zonas de Inversión Especial para Superar la Pobreza (Ziep). Bogotá y los departamentos cercanos ya están concretando la Región Administrativa de Planeación Especial (Rape).

2) Existen grandes asimetrías entre la política macro y las necesidades de los gobiernos locales. Los Contratos-Plan únicamente pueden cumplir sus objetivos si las decisiones de la política económica nacional van en la misma dirección. Los Contratos-Plan que se han firmado insisten en dos temas: calidad de vida y acometividad. Los 7 acuerdos son: Atrato-Gran Darién (disminución de la pobreza extrema), Boyacá (competitividad), Nariño (desarrollo humano), Sur de Tolima (desarrollo rural y calidad de vida), Norte del Cauca (desarrollo productivo y bienestar), Arauca (productividad y competitividad), Santander (mejoramiento de la productividad).

Para mejorar la calidad de vida y consolidar el desarrollo humano, es necesario romper la trampa de pobreza, y para ello se requiere que las políticas nacionales efectivamente impulsen la mejor distribución de la riqueza. Por el lado del Gobierno central todavía no se observan decisiones sustantivas en esta materia. No se ha tomado ninguna medida fiscal que efectivamente contribuya a reducir la concentración del ingreso y de la riqueza.

Y los logros en competitividad regional también están condicionados por políticas nacionales que no favorecen la competitividad: la revaluación del peso, el mal manejo de los excedentes financieros, el poco control a la minería, la persistencia de fenómenos de enfermedad holandesa, el crecimiento de las importaciones de bienes básicos, etc. Es diciente lo que está sucediendo en Boyacá, donde el Contrato-Plan tiene como uno de sus objetivos la competitividad minera. El liderazgo en la concesión de las minas no es del Gobierno. El proceso es a la inversa. Primero los esmeralderos se distribuyen las vetas, después el obispo bendice y, finalmente, el Estado legitima.