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El informe final de la comisión de expertos que analizó el Sistema Tributario Territorial avanza en el diagnóstico y propone alternativas interesantes que deben ser tenidas en cuenta, sobre todo en el impuesto de industria y comercio (ICA), que es el más relevante en las finanzas de los municipios. También vale la pena destacar su preocupación por la modernización de los catastros, y por el mejoramiento de los prediales. No obstante sus bondades, el informe tiene una mirada muy estrecha de la descentralización, y desconoce completamente la incidencia que tienen las dinámicas urbanas en la autonomía local, y en la reconfiguración del territorio.
El estudio del Sistema de Ciudades apenas si se menciona. Y, extrañamente, no hay ninguna referencia a la ley 388 de 1997, que le dio a los municipios autonomía para el desarrollo de los instrumentos financieros relacionados con la gestión del suelo y del urbanismo. Los municipios grandes y pequeños pueden ser más autónomos desde el punto de vista financiero si captan las rentas derivadas de las dinámicas urbanas. Los asuntos relacionados con el ordenamiento del territorio son la base para lograr la estabilidad de las finanzas departamentales. Las potencialidades de la descentralización fiscal están en la ley 388. En lugar de ignorarla, la Comisión debió ponerla en primer lugar.
La autonomía local está en la gestión de las rentas urbanas. Las ciudades generan excedentes segundo a segundo, y la administración tiene que desarrollar los mecanismos que le permitan compartirlas con los privados. Pero para aceptar este principio se requiere que las secretarías de hacienda de las ciudades se desprenda de la lógica contable del Ministerio de Hacienda. Las finanzas locales tienen que centrar la atención en la geografía, y examinar la forma como la espacialidad afecta los ingresos y la calidad de vida de las personas.
El informe apenas menciona de paso la participación en plusvalía. Y no se le presta atención porque hoy tiene una baja participación en la estructura de los ingresos. Como se desprende claramente del diagnóstico de la Comisión, el peso del ICA y del predial son significativos, y por esta razón se analizan con detalle. Pero hacia el futuro, ni el ICA modificado, ni el predial van a ser suficientes. Frente a las necesidades actuales ya se quedan muy cortos.
Es una lástima que el informe haya dejado pasar la oportunidad para proponer cambios radicales en la gestión tributaria de los gobiernos locales. La nueva fiscalidad tiene que estar asociada al territorio y al urbanismo. Además de despreciar las potencialidades de las diversas modalidades de plusvalía, el informe no mencionan ninguno de los instrumentos financieros asociado a la gestión urbana como, por ejemplo, los derechos de edificabilidad.
Y el desprecio por la geografía no solamente afecta a las finanzas municipios. También incide en las rentas departamentales. Es cierto, como se muestra en el informe, que los recursos de los departamentos son frágiles. Pero no se reconoce que en el futuro su estabilidad también dependerá de la gestión del territorio.
En condiciones ideales, los municipios tendrían que transferirle unos puntos de sus ingresos a los departamentos. Y los nuevos recursos resultarían de un predial moderno, de un ICA renovado y, sobre todo, de la gestión del territorio y del urbanismo.
