El desespero de Hacienda

El 31 de diciembre de 2019, de manera desesperada, y después de la aprobación de la “ley de crecimiento”, el Ministerio de Hacienda dio a conocer el decreto 2412, que ordena reducir el gasto en $9 billones. Es curioso que esta decisión sea inmediatamente posterior a la aprobación de la reforma tributaria. El decreto es el reconocimiento explícito de las limitaciones fiscales de la reforma tributaria. Como se ha dicho hasta la saciedad, la norma aprobada es una ley de “desfinanciamiento”. Y esta conclusión es evidente con el decreto del Ministerio de Hacienda.

Es muy probable que este desbalance no lo haya conocido el Congreso en el momento en que discutió y aprobó la “ley de crecimiento”. No hubo claridad sobre las consecuencias fiscales de la norma. Como lo denunció en su momento el senador Iván Marulanda, la ley se aprobó sin que hubieran presentado de manera transparente sus implicaciones fiscales, tal y como lo exige la ley 819 de 2003, que desarrolla el art. 151 de la Constitución. Las consecuencias fiscales de las exenciones continúan siendo inciertas. Todavía no se sabe el monto del desequilibrio fiscal.

La Comisión del Gasto también expresó su preocupación por el desconocimiento de los impactos fiscales de las normas que se aprueben en el Congreso. El legislativo debe tener información completa. Y, claramente, esta condición no se cumplió en la discusión de la reforma tributaria.
El decreto del Ministerio es una medida desesperada, que tiene varios inconvenientes.

Primero, pone en evidencia la falta de claridad en el debate parlamentarios sobre las consecuencias fiscales. Y esta carencia es inaceptable en una reforma tributaria. Ya no hay duda sobre la profundización del desequilibrio fiscal. El déficit es intenso, aún después de que el gobierno ha recibido recursos inesperados, como los excedentes del Banco de la República, y el adelanto de los dividendos de Ecopetrol. Sin estos montos tan elevados, el desbalance habría sido considerablemente mayor.

Segundo, va en contra del crecimiento. Esta disminución del gasto público no favorece el crecimiento de la economía. El gobierno ha cometido dos errores. El primero fue permitir la disminución de los impuestos, aumentando las exenciones y reduciendo las tarifas del impuesto a la renta a las grandes empresas. Y el segundo, es tratar de corregir el mal, con un esfuerzo desesperado de reducir el gasto. El gobierno está desconociendo, de manera equivocada, el papel multiplicador del gasto público. Sigue poniendo todo el énfasis en la capacidad reactivadora de la inversión privada. La posición del gobierno se inclina excesivamente hacia el lado de la oferta. Este camino no ha sido exitoso, ni en Colombia, ni en otros países.

Tercero, la medida no es realista. No es posible reducir el gasto, y las acciones de corto plazo que se están tomando no llevan a disminuciones estructurales. Quizás se obtengan algunos logros coyunturales. Los intentos reiterados que se han hecho por disminuir el gasto no han sido exitosos. Así no lo quiera el Ministerio de Hacienda, el gasto como porcentaje del PIB, continuará aumentando. Esta falta de realismo tiene consecuencias negativas porque fuerza el aparato estatal a cumplir unas metas imposibles, y este ejercicio inútil termina obstaculizando el manejo eficiente de la administración pública.