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En el Comité Consultivo de la Regla Fiscal se aprobó ajustar el déficit, que en 2019 pasaría de 2,4% a 2,7% del PIB, y en 2020 de 2,2% a 2,3% del PIB. La regla para el Gobierno Central se creó en 2011 (ley 1473). Ya existía la regla fiscal territorial (ley 358 de 1997), o “ley de semáforos”, que establece un conjunto de medidas cuantitativas para restringir el endeudamiento de los gobiernos territoriales de acuerdo con su capacidad de pago.
La regla fiscal no es intrínsecamente buena. La opción por las “reglas” va en contra de las miradas keynesianas, que le dan más importancia a la “discreción” ya que, en su opinión, la regla restringe de manera inadecuada el margen de maniobra de las políticas fiscal y monetaria. La discreción permite que la política económica se adecúe a las necesidades cambiantes de la sociedad. Desde finales de los años sesenta, autores como Friedman, consideran que la regla es necesaria porque los gobiernos suelen ser irresponsables, y no saben hacer un manejo discrecional prudente.
Las reglas fiscales no han dado los resultados esperados. En la gran mayoría de los países el gasto público como porcentaje del PIB continúa aumentando, y como los gobiernos han tomado la decisión de disminuir los impuestos, los saldos de la deuda pública continúan aumentando. En los países de la Ocde el saldo de la deuda pública, como porcentaje del PIB, supera 100%. Ni siquiera el gobierno alemán ha sido juicioso. En 2017, el saldo de su deuda pública equivalía a 70% del PIB. Así que, por 1.000 circunstancias, los gobiernos terminan incumpliendo las reglas fiscales. En Colombia el ministro Carrasquilla considera que la migración venezolana es una buena justificación para “flexibilizar” la regla. Y con este argumento trata de minimizar los pobres logros de la ley de financiamiento.
En Colombia la regla fiscal no se va a cumplir por dos razones sencillas. Primero, porque el gasto público no puede bajar. Y, segundo, porque los últimos gobiernos han optado por posiciones cómodas, como ampliar las exenciones tributarias, o no molestar con impuestos a los más ricos. A septiembre de 2018, el saldo de la deuda del sector público no financiero era de 55,5% del PIB. Y estos días el Gobierno anunció emisiones de títulos adicionales por valor de $3 billones. Mientras no se modifique de manera radical la tributación, la deuda continuará aumentando, y la regla fiscal no se podrá cumplir.
Además, la regla fiscal tiene un mal sustantivo: está basada en la probabilidad de “caso”, y no en la probabilidad de “clase”, que es propia de las predicciones de corte keynesiano. En virtud de la probabilidad de caso se hacen estimaciones que buscan predecir el valor específico de variables tan erráticas como el dólar o el petróleo. Para no caer en los inevitables errores de predicción, la política pública discrecional planea sobre la probabilidad de clase, que está fundada en postulados básicos pero contundentes como, por ejemplo, los jóvenes viven más que las personas viejas y, por tanto, es necesario obligarlos a cotizar a la seguridad social. O, en el país habrá terremotos y, entonces, es indispensable crear fondos de prevención. Esta manera de planificar, le da espacio a la discrecionalidad y puede ser más benéfica que el seguimiento al espejismo derivado de la probabilidad de caso.
