El mayor peso de la vivienda

En la estructura de consumo de los hogares, el gasto en vivienda ha ido adquiriendo una mayor relevancia. Esta constatación es contundente, tal y como se desprende de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (Enph), y de las encuestas multipropósito (capacidad de pago y calidad de vida) realizadas en Bogotá y los municipios cercanos.

La Enph examina de manera detallada el consumo de los hogares. Es la base de información para la estimación del índice de precios (IPC). De acuerdo con estos resultados, en el agregado, los principales componentes de la estructura del gasto son: vivienda (28,7%), alimentos (15,9%), transporte (9,5%), restaurantes y hoteles (8,4%). La estructura del gasto está reflejando cambios importantes en los hábitos de consumo. Las necesidades de los hogares están muy marcadas por el modo de vida de las ciudades. Además de la importancia de la vivienda, en la Enph el consumo por fuera del hogar es relevante.

Las encuestas de Bogotá permiten hacer comparaciones intertemporales (2011, 2014 y 2017). La dinámica muestra, de manera clara, que el peso de la vivienda ha ido creciendo. En 2011 era 23,4%, en 2014 fue 26,6%, y en 2017 aumentó a 29,3%. Mientras tanto, alimentos cayó de 22,9% en 2011 a 16,6% en 2017. Este cambio es significativo, y tiene implicaciones relevantes en el bienestar de la familia y en el diseño de las políticas públicas.

Los procesos de urbanización se han reflejado en aumentos del precio del suelo y de la propiedad inmobiliaria. Las familias tienen que destinar un porcentaje de sus ingresos cada vez mayor al pago de la vivienda (crédito hipotecario o arriendo).

La predominancia de la vivienda tiene dos efectos relevantes. El primero tiene que ver con la incidencia que tienen en la demanda de otros bienes. Y el segundo, está relacionado con la movilidad entre ciudades. Puesto que los recursos de las familias son limitados, si el gasto en vivienda es inflexible, no queda más remedio que disminuir otros consumos. En los hogares más pobres, el pago del arriendo puede ser a costa de disminuir la compra de alimentos. Y, por otro lado, el mayor precio de la vivienda incide en los movimientos migratorios, y en la escogencia del municipio para vivir. Si el precio de la vivienda aumenta, como sucede en Bogotá, los hogares se ven obligados a vivir en un municipio cercano. Este proceso lleva a que las conmutaciones laborales se acentúen, y ello tiene implicaciones inmediatas en los sistemas de transporte y en los tiempos de movilidad.

Los gobiernos nacional y local deben utilizar la estructura de gasto como un instrumento de política económica. Una familia está bien si reduce el peso de los gastos necesarios y aumenta los excedentes para adquirir aquellos bienes que considera valiosos, y que no son indispensables para la subsistencia. Y la política pública tiene instrumentos poderosos para lograr este propósito. En Bogotá, hay dos ejemplos. El peso del gasto en transporte disminuyó, y pasó de 10,3% a 8,7%, entre 2014 y 2017. Y la alimentación escolar ha contribuido a reducir el gasto en mercado. Preocupa que los servicios públicos domiciliarios continúen teniendo un peso relativamente alto (7,2%). En síntesis, es posible focalizar los subsidios, de tal manera que el peso de los bienes básicos se reduzca en las estructuras de consumo de las familias más pobres.