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Los pilos que terminen su carrera, y que en su vida profesional reciban ingresos adecuados, deben retribuirle a la sociedad una parte, o la totalidad del costo, de su formación. Esta contribución no se debe limitar solamente a los beneficiarios de Ser Pilo Paga sino a los egresados de todas las universidades públicas.
La financiación del programa Ser Pilo Paga ha abierto la discusión inevitable sobre la disponibilidad de recursos para las universidades públicas. Es evidente que Ser Pilo Paga compite con los recursos para las universidades públicas. Esta afirmación no quiere decir que para financiar a los pilos se tenga que reducir el gasto corriente a las universidades públicas.
En este sentido no hay conflicto. Pero los recursos de Ser Pilo Paga sí riñen con las necesidades de inversión de las universidades, que buscan mejorar la calidad y la cobertura. Dicho de otra manera, Ser Pilo Paga no afecta el cumplimiento de la ley 30 de 1992, pero sí incide en la disponibilidad de los recursos adicionales.
La ley garantiza que los recursos destinados a las universidades públicas crezcan con el índice de precios al consumidor (IPC). De acuerdo con la ley 30, y teniendo como punto de referencia 1993, las universidades públicas “recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes”. Pero los gastos de las universidades tienen una dinámica que supera la del índice de precios.
Las bonificaciones de los profesores por publicaciones, la actualización de los laboratorios, la inversión en infraestructura, apenas son ejemplos de rubros que pueden crecer a ritmos superiores a la inflación. Las transferencias del Gobierno nacional son insuficientes, y con el tiempo la brecha entre los ingresos y las necesidades se ha ido ampliando. Si este desbalance no se resuelve, como sucede actualmente, se deteriora la calidad y la cobertura de la universidad pública.
Sería ideal que aceptando las bondades intrínsecas de la educación y de la ciencia y la tecnología, el Estado incrementara sus transferencias a las universidades, pero la baja tributación que existe en el país (14% del PIB, frente a 38% de los países de la Ocde) no permite pensar que en los próximos años los mayores recursos para las universidades públicas se vayan a originar en los impuestos.
Una de las consecuencias inmediatas del ingreso de Colombia a la Ocde debería ser el aumento de los impuestos progresivos (renta, patrimonio, dividendos), pero el ambiente político no parece ir en esta dirección.
Una contribución especial de los egresados de las universidades públicas y de los pilos podría contribuir al financiamiento de la educación superior. El egresado, que sea contribuyente, pagaría una sobre tasa teniendo como referencia su ingreso.
Esta contribución especial tiene cinco ventajas. Primera, es progresiva porque está en función del ingreso. Los egresados que no son contribuyentes no pagan. Segunda, a diferencia del crédito, no sesga la escogencia de carrera hacia las que son más rentables en el mercado.
Tercera, es sencilla de administrar porque está amarrada al impuesto a la renta. Cuarta, es solidaria porque los egresados exitosos responden a la sociedad que facilitó su formación. Y, finalmente, estos recursos, que tendrían destinación especial, ayudarían a fortalecer la universidad pública.
