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El Congreso acaba de aprobar la ley de regiones. Este es un paso importante en el proceso de consolidación de las regiones administrativas y de planeación (RAP). En la norma se determina, igualmente, el proceso para convertirlas en regiones entidad territorial (RET). Ahora la ley debe ser sancionada por el Presidente. El Ministerio de Hacienda no está de acuerdo porque ello implicaría aumentos en el gasto público. En contra de la opinión del Ministerio, la ley de regiones es un paso positivo por varias razones.
Primera. Contribuye a desentrabar el caos institucional que existe alrededor del ordenamiento territorial. Este entramado institucional es ineficiente e inoperante. El número de entidades que tiene relación con el ordenamiento es abundante, sus funciones se traslapan y, además, las relaciones de jerarquía entre ellas no son claras. La conjunción de estas tres características se expresa en un caos institucional. El ordenamiento territorial no ha avanzado, y no obstante la abundancia de normas prolifera la minería ilegal, la deforestación, la contaminación y la sedimentación de los ríos, la destrucción de cuencas y de páramos, la urbanización sin control, etc. La ausencia de una visión de conjunto se expresa en la falta de articulación del ordenamiento de los municipios con las dinámicas del territorio. De acuerdo con la ley de regiones, las RAP deben propender “por la coherencia y articulación de la planeación entre las entidades territoriales que la conforman”.
Segunda. La ley es compatible con el capítulo XV de las Bases del Plan de Desarrollo, que es el “Pacto por la Descentralización”. Los últimos estudios que se han realizado en el país sobre la ruralidad muestran que la relación entre el campo y la ciudad no es dicotómica. Las interacciones y los flujos (de personas, carga, etc.) crean un continuo, así que un municipio es más o menos rural en función de la densidad y de la distancia a las grandes ciudades. Este principio ilumina la ley de regiones. Al entender la ciudad en interacción con su región se crean condiciones adecuadas para garantizar la sostenibilidad de las dinámicas urbanas.
Tercera. Permite avanzar en la integración de las RAP y de los órganos colegiados de administración y decisión (Ocad). La distribución de las regalías a través de los Ocad ha descuidado los proyectos estratégicos con perspectiva regional. Al articular la RAP y los Ocad se logra tener una visión regional.
Cuarta. Clarifica la función de los departamentos. La RAP facilita la acción conjunta de varios departamentos, y pone énfasis en la función que tienen como ordenadores del territorio.
Quinta. La ley de regiones obliga a replantear la financiación de los departamentos. Las preocupaciones del Ministerio de Hacienda se podrían resolver dando tres pasos: actualización de los catastros, cobro del predial de tal forma que la tarifa efectiva se acerque a la nominal y, finalmente, traslado de dos o tres puntos del mayor recaudo a los departamentos. Estas acciones son compatibles con los acuerdos de La Habana.
Uno de los aspectos más relevantes de la negociación fue el reconocimiento de la importancia del catastro multipropósito. El catastro contribuye, además, a la formalización de la propiedad. Las posesiones informales, que son predominantes en el agro colombiano, han llegado a una situación límite, y se hacen insostenibles.
