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Las maniobras financieras del italiano Charles Ponzi en los años 20 son el referente para caracterizar, entre otras operaciones, la de pagar viejas deudas con deudas nuevas.
Los gobiernos fácilmente caen en la tentación Ponzi. Desde que comenzó la administración Duque, el ministro Carrasquilla ha mostrado habilidades especiales para hacer maromas Ponzi. Optó por resolver los faltantes del presupuesto mediante la refinanciación de la deuda existente, y la emisión de nuevos créditos. Estas operaciones están llevando a aumentos de la deuda pública sin precedentes. El saldo de la deuda pública del sector público no financiero está alrededor de 57% del PIB. En 2012, el porcentaje era de 40,6%. Todo indica que el saldo de la deuda pública continuará creciendo.
La financiación a través de deuda ha sido el comodín para resolver los faltantes del presupuesto corriente y, además, para responder, en el corto plazo, a problemas financieros tan complejos como el déficit en salud, o el pago de sentencias que han fallado en contra del Estado.
La financiación a través de deuda es insostenible y refleja problemas estructurales que el gobierno no se atreve a resolver. La principal razón del aumento del peso de la deuda es sencilla: los impuestos se han ido rezagando frente a un gasto que continuará aumentando. La única manera de reducir la deuda es aumentando la tributación. No hay otro camino. Es ingenuo pretender que la brecha se va a cerrar con reducciones del gasto. Es inevitable que el gasto y la inversión pública continúen aumentando. En las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo se reconoce que los ingresos públicos, como porcentaje del PIB, van a disminuir en los próximos años. Y para que este escenario parezca menos dramático, el Marco Fiscal supone de manera ingenua que el gasto bajará. Como es muy probable que el gasto no disminuya, necesariamente habrá que recurrir a mayores montos de deuda. El efecto Ponzi se agudizará.
La deuda es un camino fácil que resuelve dificultades de corto plazo, pero que no responde a los problemas de financiación de naturaleza estructural. La deuda pública en la lógica de Ponzi debilita el orden financiero, y somete las prioridades presupuestales al vaivén errático de los movimientos de los capitales nacionales e internacionales. Esta afirmación es pertinente, tanto para la deuda interna como para la externa. Es clarísimo el impacto que tiene la devaluación del peso en el costo en pesos de la deuda pública. Estas dinámicas escapan al control de las autoridades nacionales, y generan choques inciertos que reducen el margen de maniobra del presupuesto. A medida que crece el peso de la deuda se tienen que reducir el gasto público en rubros tan importantes como la inversión. En 2018 el pago de intereses de la deuda fue de $28 billones, mientras que la inversión apenas fue de $14 billones. El espacio que ocupa la deuda en el presupuesto aumenta cuando se incluyen las amortizaciones.
Desde el punto de vista político se observan asimetrías claras en el proceso de aprobación del gasto y en la forma como se decide el manejo de la deuda. Mientras que las opciones de gasto pasan por el filtro del Congreso, las decisiones sobre el manejo de la deuda es un asunto discrecional del gobierno.
Las maromas Ponzi son peligrosas y en el mediano plazo terminan agravando los problemas financieros.