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Como cuando se hierve a una rana, que cada vez se va sintiendo más cómoda en el agua caliente y cree irse adaptando a ella, desprevenida de lo que le aguarda, así van evolucionando los productores del campo colombiano en su entorno político, jurídico y económico, hacia el socialismo del siglo XXI. La arquitectura jurídica Colombiana de 1991 que modificó la propiedad privada entregándole una función social, limitó así los derechos y libertades que sobre la misma se tenían y propuso como regla que la propiedad sirviera de forma prima al interés general sobre el particular. Si bien dichos postulados nos acompañan desde hace más de 30 años, en ese lapso no habían sido usados como promesa de campaña. Pero hoy, cuando el populismo se tomó a Colombia, y Gustavo petrifica al capitalismo, deberíamos volver sobre dichos preceptos y advertir a los productores del campo del riesgo de estatización de sus propiedades. En La Habana se acordó la hoja de ruta para la ruralidad colombiana, y en lo que va corrido del presente gobierno se ha ido reglando el cumplimiento de dichos objetivos en lo que corresponde a su competencia.
El gobierno anterior, hizo ver a los líderes políticos de derecha colombianos de la época como extremos, después de los cuales más a la derecha no había, allanando entonces el camino al socialismo. Así, niveló el terreno a favor de la izquierda, pues ya la opinión pública más a la derecha del centro no concebiría. Después lo abonó para que el capítulo de redistribución de títulos prediales mediante el catastro multipropósito encontrara perfecta germinación en el clima político económico, para hoy polarizado. Así es, a Colombia y su inventario predial la van a redistribuir a punta de cargas impositivas, petrificados o no. Lo harán mediante la herramienta jurídica multipropósito devenida de los Acuerdos de la Habana y asentada en la Constitución de 1991, la cual permite que Alcaldes y Gobernadores puedan habilitarse como gestores catastrales en cada una de sus jurisdicciones, o incluso sirvan de terceros para otros que quieran actualizar el catastro en su territorio. Así lo manifestaba hace poco Gustavo en su cuenta de Twitter, “Un Valle del Cauca más diverso productivamente abriría mucho más la puerta de la vida plena a su población. Me gustaría discutir con este empresariado la posibilidad de un reciclaje de tierras entre el valle geográfico del río Cauca y la altillanura colombiana”. Para la época, algunos académicos en publicaciones hoy de derecha, le hacían eco a la propuesta manifestando que era “la tierra, una de las grandes fuentes históricas de la desigualdad en Colombia”, y frente al equilibrio “la manera más inteligente de lograrlo es vía un catastro robusto que determine con precisión los derechos (y deberes) de sus propietarios, y vía impuestos estimulen su uso productivo”. Lo anterior, es el Catastro multipropósito, que al incrementar las bases gravables del inventario predial colombiano, busca que ya la sofocada rana tribute más, si no puede resuelva, o como hoy lo señala Gustavo entregue su propiedad al municipio o departamento, momento en el cual la tierra pasaría a manos del Estado. Entonces, interpretando a Gustavo, se selecciona la tierra, se recicla y se dispone a un nuevo uso. Por eso repite que su propósito no es el de expropiar, ya que podría lograr lo mismo con las herramientas jurídicas que hoy existen gracias a lo acordado en Cuba.
Hoy se habla de “democratizar el agro”, lo cual equivaldría a expropiarlo. Debe estar advertido el productor del campo, que en su contra se interpretará la Constitución que hoy impera y los acuerdos que hoy la complementan en igual rango, pues a su utilidad deberá restar una mayor carga fiscal y rogar el cierre de su ejercicio financiero, so pena de agotar su capital en un infierno fiscal y tener que vender barato, o entregar su predio al Estado.