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La disruptiva aplicación que hoy moviliza a millones y provee el sustento de miles de familias, está en inminente riesgo de dejar de operar en Colombia si no le paga mejor a los conductores o la regulan. Uber, si pudiese, debería corregir el valor de participación por prestación del servicio que reciben los choferes, en proporción al incremento de los costos asociados a la operación de los mismos.
El precio del combustible, altísimos valores de los vehículos híbridos y eléctricos, créditos, mantenimiento y repuestos, seguros e impuestos, atormentan a los independientes conductores de Uber y otras plataformas tecnológicas, que decidieron conducir para vivir, pues hoy ven sus márgenes bastante estrechos, o nulos. Entretanto, a los taxistas les reconocen todo lo anterior y mucho más en los expedientes tarifarios que sirven para formar “la mínima” por prestación del servicio de transporte de pasajeros.
Los conductores y la plataforma Uber, que por estos días parecieran regocijarse en la victoria que tuvieron en la Corte de Suprema de Justicia Sentencia SC370-2023, donde resolvieron respecto a su legalidad de cara a las normas de competencia desleal, lucen durmiendo el sueño de los justos frente a las variables económicas que amenazan sus modelos de negocios y las señales regulatorias que ofrece el gobierno colombiano.
No parece que tuvieran un líder o gremio que los arrope y vocalice, y en cambio, aparentan no ser bienvenidos por el gobierno actual, que ha entregado sus afectos únicamente a los taxistas, incluso desde campaña.
En septiembre de 2022, señalaron los alfiles del Pacto Histórico, que, para los primeros años del gobierno, el precio de la gasolina corriente motor alcanzaría los $18.000 por galón. A la fecha de publicación de esta columna dicha referencia estaría a $3.500 de alcanzarse.
La anterior es la variable que más amenaza el margen del conductor de Uber, que desde que empezó el gobierno del presidente Petro ha incrementado aproximadamente 60% del precio por galón. En consecuencia, resultaría racional que los choferes determinaran adquirir vehículos que requieran menos combustible para operar o que operen con formas de energía más económicas.
No obstante, debido al alto precio del dólar y altos aranceles, los vehículos eficientes y “ecológicos” como los híbridos y eléctricos, que podrían bajar los costos de operación de los conductores, parecieren imposibles de alcanzar.
A los conductores que con dificultad alcanzan el “producido” después de 11 horas de manejar, o la cuota de financiación del carro de la casa que utilizan para subsistir y que ya desajusta el kilometraje, les escasean las movidas en el difícil tablero de ajedrez que les presenta el marco regulatorio actual y el contexto económico nacional.
Como si lo anterior fuera poco, los costos de los seguros de vehículos suben en razón a la inseguridad, inflación y riesgo país, y los valores y accesos a la financiación de los mismos se hacen cada vez más elevados y difíciles.
Así, el parque automotor de la aplicación se torna ineficiente, poco bien mantenido y deteriorado, como el excedente del consumidor, cuyo titular ve cada vez más menoscabada su postura al recibir menos servicio, calidad, seguridad y pronto, menos oferta.
Pues bien, no sería apresurado pensar que Uber se encuentra al menos en jaque, en razón a que sus proveedores de servicio de transporte hoy reciben entre 40% y 50% de lo que usted paga a la aplicación.
Así, o Uber comparte más de su excedente con los conductores, o el gobierno regula y no discrimina, o una crisis a la aplicación generada por la inviabilidad financiera de los segundos resultaría bastante probable. Uber no tendrá mucho de donde escoger, pues lo supongo a pocas jugadas del mate.
