Volteando tierras con multipropósito

Los planes de ordenamiento territorial de los municipios se convierten en el botín de alcaldes y gobernadores corruptos, quienes alentados por sus auspiciadores devuelven los aportes en campaña en normas favorables a los predios de los segundos. También se exponen los primeros a dádivas y ofrecimientos de propietarios interesados en súper valorizaciones de sus predios y posesiones. Esta forma de corruptela no es nueva y aunque al parecer ha sido más discutida en el centro del país, cada vez es más común en las regiones que padecen de su sintomatología y la nutren con su heterogeneidad criminal.

Lo novedoso y adicional al ardid es que desde finales del año pasado, devenido de los acuerdos de la Habana, el Gobierno Nacional en buena voluntad de su implementación, expidió el Decreto 148 de 2020, que le permitió también a alcaldes y gobernadores, habilitarse como gestores catastrales.

Ahora bien, al igual que las tormentas que son el resultado de la mezcla perfecta de factores climatológicos propios de cada región, el volteo de tierras combinado con la herramienta catastral multipropósito, se convierte en un botín para financiadores de campañas que para ese momento ya son propietarios o poseedores directos o indirectos de tierras, y para las arcas de los municipios, quienes una vez han modificado los ordenamientos territoriales en usos convenientes a sus mandantes, actualizan el valor de los predios engordando así los presupuestos del municipio, en busca del aplauso populista que viene con el aparente manto de impunidad dada la gestión de recaudo.

No sin antes contratar millonarios estudios de modificación territorial y catastral para soportar en papeles las transacciones de las altas sumas referidas, que la mayoría de la veces no son sino vehículos jurídicos y técnicos para el cambio de manos de dineros públicos.

La tormenta no para allí. Así como el huracán a su paso se vuelve más o menos contundente en su fuerza destructora según su recorrido y la basura que recoja a su paso, en Colombia, el volteo de tierras y eventual gestión catastral descentralizada se nutre según las características criminales regionales, pues son sus agentes los que la impulsan. Así, podemos encontrar conforme al mapa de delitos de nuestro vasto territorio, financiadores de campañas de líderes municipales de todo tipo, que pretenden, mediante dichas herramientas, a ultranza lavar las rentas ilegales. Los hay: narcos macro y micro con ideología o sin ella, contratistas corruptos del Estado, mineros ilegales, mercaderes de personas y armas, políticos corruptos que se apoyan en sus cuotas con las que también laxan IAs y viabilizan CARs, y constructores que deciden mirar para el otro lado frente a los dineros en efectivo encontrando impunidad en cláusulas contractuales de sistemas de prevención de lavado de activos. Por supuesto, esta lista no es taxativa, puesto que es dinámica frente a la creatividad que se exponencializa según la necesidad y ausencia de Estado en cada región.

Así pues, sin mayor reparo por recursos naturales y agrarios, secundarios frente a los poderosos intereses antes descritos, después de la tormenta y en puerto seguro, se regocijan en una calma y tibia lluvia de activos lavados, los unos y los otros, que gozan de una aparente legalidad en sus empresas criminales. Todos en la rosca del gobierno municipal de turno que decide jugar el juego del volteo de tierras, esta vez con multipropósito.