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Aprovechando la reunión de la COP16 que se celebro en las semanas anteriores en Cali, el presidente de la República anunció que su gobierno comprará la coca a las comunidades del Plateado en el departamento del Cauca; será el inicio de la compra del estupefaciente en todas las regiones del país pues, los cocaleros a lo largo y ancho del territorio nacional reclamaran con paros y protestas su derecho a la igualdad.
La decisión presidencial es absurda pues será el mejor estímulo para que más indígenas y campesinos se dediquen a sembrar coca ante la garantía de compra de su gobierno ¿Para qué sembrar papa, yuca, tomate, arveja, frijol, frutales, hierbas aromáticas y demás productos, con todos los riesgos de su comercialización si la producción de la coca tendrá seguro de compra por parte del gobierno nacional?.
Pero habrá más efectos nocivos: la compra gubernamental de la producción de coca conducirá a una mayor deforestación de nuestras selvas, bosques y zonas de protección como los páramos y a la contaminación de nuestras fuentes hídricas, con daños irreversibles al medio ambiente. Es una paradoja perversa que el anuncio de comprar la coca, cuya siembra es un atentado al medio ambiente, se haya hecho precisamente en la realización de la COP16, reunión mundial para luchar por la preservación del mismo.
La compra de la coca con el dinero de nuestros impuestos derivara en un efecto inflacionario en el precio de la misma, pues ni los narcotraficantes, ni los mal llamados guerrilleros, ni los traficantes de armas, ni quienes se dedican a prostituir a la gente se dejarán desplazar del negocio lucrativo, al contrario, competirán con el gobierno para comprar la droga, lo que elevará el precio de la coca para sembradores y toda la cadena de intermediarios.
Frente a esta desacertada medida que el Gobierno va a implementar, se agravará el desorden público y la descomposición social que vive el país; lo sensato es que el gobierno estimule la siembra y la producción de los productos de pan coger y de aquellos que tienen potencial exportador, asegurándole a indígenas y campesinos y a sus familias la garantía de compra de estos; decisión que los estimularía a abandonar el cultivo de estupefacientes y a retomar a una actividad agropecuaria licita, será la mejor manera de ayudar al campesinado a mejorar sus precarias condiciones de bienestar, a elevar las condiciones económicas de sus familias y, además, estimulará la necesaria reactivación del campo y de nuestra economía que pide a gritos enrumbarnos hacia la senda de las exportaciones agrícolas.
Es un drama que un país verde como el nuestro, lleno de posibilidades para la producción de alimentos, importe cada año aproximadamente 14 millones (14.000.000) de toneladas de comida. Es una maldición que tengamos destinadas por las fuerzas de la ilegalidad 253.000 hectáreas de coca, mientras que apenas tenemos 112.000 hectáreas sembradas de banano, 135.000 hectáreas de aguacate, 192.000 hectáreas de papa, para hablar solo de las más representativas, sin excluir el café que ha crecido hasta llegar a 974.000 hectáreas sembradas, precisamente por tener asegurada la compra estatal que, es lo que el presidente Petro quiere hacer ahora con la coca. ¡Tamaña insensatez!
