Consulta populista

La consulta popular nacional la quiere presentar el Gobierno como una bocanada de aire democrático, como si el pueblo colombiano nunca hubiera acudido a las urnas. Regulada por la Ley 134 de 1994, en sus artículos 50 al 56, este mecanismo permite al pueblo opinar y decidir, sobre asuntos de importancia nacional.

¿Qué es exactamente una consulta popular nacional? Según el artículo 50 de la ley 134 de 1994, el presidente de la República, previo concepto favorable del Senado puedes someter a votación del pueblo una decisión de trascendencia nacional. Es un llamado directo a la ciudadanía para que diga “sí” o “no” sobre temas de alto impacto, excluyendo, eso sí, cualquier modificación a la Constitución. El artículo 52 de la ley 134 de 1994, establece que las preguntas deben ser claras y concisas, sin espacio para ambigüedades. Nada de articulado de proyectos de ley, ni de convocatorias a asambleas constituyentes.

Una vez cumplido el visto bueno del Senado de la República al proyecto presentado por el gobierno, el artículo 54 de la ley 134 de 1994 señala que la consulta debe realizarse en un plazo máximo de cuatro meses. El artículo 55 de la misma ley establece que la decisión será obligatoria si se cumple una doble condición: más de la mitad de los votos válidos deben ser afirmativos (6.149.077) y, además, debe participar al menos la tercera parte (12.298.000) de los ciudadanos del censo electoral (40.993.851), cifras muy difíciles de lograr.

Pero, ¿qué pasa después del veredicto popular? El artículo 56 de la citada ley es claro: las instituciones tienen que actuar. Si se requiere una ley o norma para aplicar la decisión popular, la corporación respectiva, en este caso el Congreso de la República, debe expedirla en el mismo periodo legislativo o a más tardar en el siguiente. Si no lo hace, el Presidente de la República, tendrá tres meses para emitir un decreto con fuerza de ley que cumpla con la voluntad popular.

Esta consulta propuesta por el gobierno de Petro surge porque el Senado de la República archivó el proyecto de reforma laboral propuesta por su gobierno. Las causas de su archivo fueron entre otras: según Fedesarrollo, la Andi, Fenalco e innumerables gremios, la reforma laboral propuesta aumentaría los costos laborales de sus nóminas a los pequeños establecimientos comerciales en 11,9% mensual. Teniendo en cuenta que 83% de las empresas formales en Colombia son micro establecimientos de comercio con hasta tres empleados, el aumento de los costos salariales y no salariales propuestos causaría la pérdida de 451.000 empleos, pues estas microempresas no podrían asumir los sobrecostos propuestos en la reforma laboral. Según estudios de Fedesarrollo, al encarecer el empleo formal y desincentivar su generación, los 13,3 millones de ocupados informales que hay en el país, más los 2,5 millones de desempleados, verían esfumarse sus posibilidades de acceder a un empleo formal.

La jornada laboral ordinaria hoy se considera diurna de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., pero las horas extras que excedan de 46 horas semanales repartidas en seis días laborables y se trabajen antes de las 9:00 p.m. se deben pagar como extras con recargo de 35%, si son extras después de las 9:00 p.m., el recargo es de 75% hora.

La reforma laboral propone entre otras cláusulas, limitar las consideradas horas diurnas hasta las 7:00 p.m. y aumentar el recargo por el trabajo dominical que está en 75% a 100%, y consagrar otras disposiciones que multiplican los permisos laborales y acaban con los contratos a término fijo para convertirlos en indefinidos, esto último, aumentaría automáticamente el costo de los despidos laborales, obligando en muchos casos a los empleadores a mantener mano de obra ineficiente.

No hay duda que en Colombia se requiere una reforma laboral, pero no para destruir puestos de trabajo, desincentivar la generación de empleo, aumentar la tasa de desempleo que hoy se ha elevado por encima de 10%, ni para aumentar la informalidad que está en la escandalosa cifra de 56%, sino para todo lo contrario: para aumentar puestos de trabajo y reducir la informalidad. Y es a esto último a lo que el Congreso de la República debe abocarse para impedir caminos populistas como la consulta propuesta por el Ejecutivo que, nos costará $700.000 millones según cifras de la Registraduría Nacional y, que nos conducirá por caminos insospechados a dividir el país, en enfrentamientos alimentados por el odio promovido y a destruir buena parte del aparato productivo que es el que genera bienestar y armonía.