La factura la pagará el pueblo

El presupuesto decretado por el ejecutivo que para 2025 es de $523 billones, de los cuales 328 se irán en gastos de funcionamiento, $112,6 billones al pago de la deuda pública y en inversión $82,4 billones, esta desfinanciado en $12 billones, cuyas fuentes el gobierno no pudo justificar en el Senado de la República, razón por la que este no lo aprobó. La realidad es que el presupuesto decretado por el ejecutivo, tiene una mayor desfinanciación. Analistas económicos reconocidos dicen que habrá un faltante de $20 billones para 2025 y otros más escépticos hablan hasta de $40 billones en recortes de inversión, se fundan estas afirmaciones en la caída de los ingresos tributarios, la disminución de las utilidades de Ecopetrol y las de las ventas de minerales como el carbón.

Mientras esto sucede, avanza en el Congreso de la República la aprobación de un acto legislativo que modifica el SGP (Sistema General de Participaciones) recursos que la nación transfiere por mandato constitucional a las entidades territoriales y cuyo propósito es satisfacer las necesidades básicas en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Hoy esos recursos representan aproximadamente 20% de los recursos ordinarios de la nación; el acto legislativo que cursa en el Congreso elevará ese porcentaje hasta 37% aproximadamente en un periodo gradual de 12 años.

El proyecto de acto legislativo es popular entre los congresistas, pues los representantes a la cámara son elegidos en sus departamentos y los senadores reciben su mayor votación en aquellas regiones de donde son oriundos; el desfile de alcaldes y gobernadores en el Congreso de la República no se ha hecho esperar para presionar la aprobación de la reforma.

¿Hay un estudio técnico serio y responsable del impacto fiscal que esta reforma tendrá sobre las finanzas de la nación? ¿Qué competencias se le van a entregar a los entes territoriales para que las asuman con las nuevas transferencias o, solo se les va a girar la plata para que la malgasten en una feria de contratos? ¿Quién va a asumir los gastos inamovibles crecientes que hoy sufraga la nación como son las pensiones, el funcionamiento de la justicia, de la fuerza pública, la de los órganos de control como la fiscalía, la procuraduría, la defensoría, la Registraduría Nacional, para citar solo algunos ejemplos? ¿Quién asumirá en el nuevo modelo que se prevé la financiación de 70% de los sistemas masivos de transporte público que hoy asume la nación? ¿Cuánto costara fortalecer el nuevo aparato institucional y administrativo de los entes territoriales para que asuman con capacidad, eficiencia y transparencia las facultades derivadas del aumento de las transferencias?

Esta reforma impondrá un aumento significativo del gasto, que hará imposible que el gobierno nacional pueda financiar respetando la regla fiscal. El 31 de octubre, expresó un director del Banco de la República que la incertidumbre que causa el proyecto, impidió una mayor rebaja de las tasas de interés. Y nadie habla de cuantas reformas tributarias se necesitarán para cubrir el hueco fiscal que se le va a causar a la nación.