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Para lograr resultados favorables, las buenas intenciones deben ir acompañadas de conocimiento, de lo contrario podrían desatar una extensa cadena de desastres. Garantizar la estabilidad del sistema energético colombiano mientras se realiza un tránsito responsable hacia un modelo energético sostenible es uno de los grandes desafíos mundiales, por supuesto Colombia no es la excepción.
En este nuevo camino que hemos comenzado a andar, resulta obligatorio aprender de las crisis eléctricas vividas, principalmente, por culpa de la equivocada planeación. Traer a memoria el racionamiento que se presentó durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, producto de improvisaciones, triquiñuelas de mercado y adopción de políticas que favorecían a reducidos grupos económicos, sirve para recordarnos los efectos negativos que pueden producir las malas decisiones sobre nuestro sistema energético.
El intempestivo anuncio del presidente Gustavo Petro de asumir el control de la regulación de los servicios públicos domiciliarios del país, ha suscitado innumerables dudas y preocupaciones en el sector. No es un tema menor, el hecho de que el primer mandatario tome las funciones de una comisión netamente técnica, mucho menos, en medio de la gran incertidumbre que embarga el futuro de los hidrocarburos en el país. Podríamos estar ante un riesgo mayúsculo para la estabilidad energética.
La posibilidad de llegar a un escenario de escasez y reducción de la oferta del servicio, a causa de una incorrecta intervención, ha unido a varios ex ministros de Minas y excomisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en una sola voz para solicitarle al presidente, desistir de una idea que si bien parte de un propósito loable como es la reducción de las tarifas de energías, podría generar un problema mayor con el deterioro de la confianza de los agentes del sector, las inversiones y los proyectos; y como consecuencia dejarnos nuevamente a puertas de un nuevo apagón.
Siempre he sostenido que a la Creg, hay que modificarla por ser una rueda suelta en el sector de la energía eléctrica, que actúa de espalda a los usuarios. La falta de precisión en la regulación es la causante de que el cargo por confiabilidad no cumpla su cometido y solo beneficie en forma directa a los generadores eléctricos, en especial a los hidráulicos, quienes han recibido millonarios ingresos por este concepto. No obstante, siempre será indispensable que primen los argumentos técnicos y documentados.
El panorama es complejo, toda vez que, son varios los problemas que amenazan al sector, entre ellos la incertidumbre acerca de la firma de nuevos contratos de exploración y explotación petrolera, los retrasos de Hidroituango, la llegada del fenómeno de El Niño, las demoras en los proyectos renovables, así como la preocupante inclusión de algunos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que podrían afectar el avance de la transición energética.
En Colombia, lo vengo diciendo con insistencia, es urgente cambiar la ecuación energética y establecer medidas para reducir las altas tarifas de energía. Sin embargo, hay que aclarar, que estas trascendentales decisiones, además de ser debatidas, deben estar basadas en el fundamento técnico y la realidad del país. No podemos exponernos a que, en el sector, se produzca un cortocircuito que ponga en riesgo la estabilidad de la prestación del servicio y reviva el fantasma del apagón.