Lucha contrarreloj

Si bien durante estos últimos años, el país ha avanzado en la implementación de acciones y políticas para controlar la deforestación, todavía estamos en pañales, recibiendo fuertes golpes por este flagelo que atenta contra nuestra biodiversidad. Una problemática ambiental que escala a niveles dramáticos en la Amazonía colombiana, donde la pérdida de bosques no se detiene.

Haber ignorado por generaciones, la vocación forestal que tiene Colombia, al poseer 53% del territorio nacional cubierto por ecosistemas boscosos, y estar entre los tres países de Suramérica con mayor área en bosques, ha sido un grave error que nos está dejando como resultado una catástrofe ecológica. No contar durante tantos años con una sólida política de lucha contra la deforestación nos ha pasado una costosa factura.

La restauración y protección de nuestros bosques es un tema que no da espera. Las cifras son aterradoras. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, durante las últimas dos décadas en Colombia se han deforestado 3.182.876 hectáreas (ha) de bosque, un promedio anual de 88.490. Solo la Amazonía colombiana perdió durante estos 20 años un total de 1.858.285 ha. Lo preocupante es que las estimaciones indican que para los próximos años la tendencia irá en aumento.

Esta compleja problemática derivada del aumento de los incendios forestales, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, el tráfico de madera, la minería ilegal, la gestión inadecuada de la tierra y la siembra de cultivos ilícitos, exige un trabajo articulado desde todas las instituciones del Estado en el que se priorice la protección de nuestros ecosistemas. La intensa destrucción de los bosques ha incrementado la pérdida de biodiversidad y productividad de los suelos, los conflictos socioambientales, así como la pobreza y el deterioro de la calidad de vida de la población.

Con el liderazgo que corresponde, el Gobierno nacional bajo la dirección de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad ha asumido la lucha frontal contra la deforestación y la degradación de los bosques. Sin embargo, las rutas trazadas como el pago por servicios ambientales, la economía forestal y el control territorial con sentido y respeto social, serán pañitos de agua tibia, sino se atienden todas las dimensiones del problema y además se brinde un adecuado tratamiento jurídico a las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental.

La esperanza que imprime la agenda ambiental del Presidente Petro con la priorización de la problemática de la deforestación a través de una nueva ruta, nos acerca al cumplimiento del compromiso de reducir a 2030, en 30%, las áreas afectadas por incendios forestales, respecto al año 2019 (Contribución Nacionalmente Determinada - NDC. Sin embargo, somos conscientes que el camino es largo y complejo, sobre todo por el tema del narcotráfico en muchas de las regiones afectadas.

En esta lucha contrarreloj por la protección de la biodiversidad necesitamos políticas públicas articuladas y claras. Antes de que lleguemos a un punto de no retorno frente a la deforestación, tenemos que enfilar esfuerzos tanto del sector público como del privado.