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El aumento acelerado de las denuncias por invasiones de predios, en distintas regiones del país, enciende las alarmas sobre una problemática social, que si no se atiende a tiempo podría escalar a nuevas dimensiones, desatando mayores conflictos y echando al traste la anunciada reforma agraria, que en cabeza de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, promete grandes cambios. Si bien la invasión y ocupación ilegal de tierras es un fenómeno que se está propagando en varios departamentos del territorio nacional, las pugnas son de distinta índole.
Por un lado, tenemos el conflicto que se está dando en el norte del Cauca, donde indígenas, campesinos y minorías afrodescendientes se están enfrentando con sectores productivos en una disputa en la que reclaman su derecho a “tierras ancestrales”. Un complejo conflicto que exige claridad y diálogo por parte del gobierno. Por otro lado, se ha comprobado que existen grupos criminales expertos en apoderarse de terrenos, que están actuando en departamentos de la Costa como el Magdalena, para invadir propiedad privada. Las últimas investigaciones realizadas por la Policía y el Ejército señalan que las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN serían los grupos que están detrás de algunas invasiones. Recientemente, surgió una polémica alrededor de esta problemática por la manifestación de más de 400 ganaderos en la vereda Los Chivos, del municipio de Plato, Magdalena, en rechazo a las invasiones de terceros y la propuesta de organizarse en “brigadas solidarias”, hecho que algunos sectores percibieron como un llamado a tomar acciones por mano propia. Un fuerte campanazo de alerta que debe ser escuchado para evitar un escalamiento del conflicto.
El tema alcanza todas las esferas. Dentro de la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación a funcionarios, alcaldes, notarios, registradores e inspectores de la Policía, por presunta participación en invasiones de tierras, el ente de vigilancia sostiene que en el Caribe hay estructuras delincuenciales, que están integradas por ciudadanos y servidores públicos con la tarea de entorpecer el proceder de las autoridades en medio de estas ocupaciones. Es decir, que nos encontramos frente a unas mafias que llevan tiempo operando.
Vientos de tranquilidad, soplaron con las declaraciones de rechazo a la invasión de tierras, expresadas a la opinión pública por la vicepresidenta Francia Márquez; el ministro del Interior, Alfonso Prada, el mindefensa, Iván Velásquez, y la ministra de Agricultura, Cecilia López, quienes aclararon la postura del gobierno frente a esta problemática. Sin embargo, los afectados piden una mayor atención del Gobierno Nacional y las autoridades para que se les garantice la seguridad sobre los predios, el derecho al trabajo, y se enfrente y judicialice a las personas que estarían violando las leyes.
Más acciones contra este flagelo. Los válidos reclamos de tierras por parte de comunidades indígenas, campesinos y afrodescendientes, no son una excusa para pasar por encima de la ley y pisotear el derecho a la propiedad privada. El Gobierno debe ponerse manos a la obra, como lo ha prometido, para de manera organizada, legal y justa cumplirle a los colombianos, que esperan por la restitución y redistribución de tierras. Este es uno de los grandes retos del ejecutivo: lograr la justicia social en el campo.
