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La persistencia de los altos niveles de deforestación y degradación de los bosques en el país refleja la falta de estrategias efectivas para la protección de los ecosistemas. La prolongada ausencia de una política efectiva contra la deforestación ha tenido consecuencias devastadoras para Colombia, uno de los territorios más biodiversos de Suramérica, que enfrenta grandes desafíos ambientales, especialmente en la región Amazónica, donde la pérdida de bosques no se detiene.
Aunque en los últimos años se ha avanzado en la implementación de acciones y políticas para controlar la deforestación, no han sido suficientes, de manera que la tala indiscriminada sigue en ascenso, con cifras preocupantes. El reciente informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, advierte un alarmante aumento de 35% en deforestación durante 2024, impulsado principalmente por la expansión de la ganadería y la minería ilegal. Esta compleja problemática derivada, también, del aumento de los incendios forestales, el tráfico de madera, la gestión inadecuada de la tierra y la siembra de cultivos ilícitos, requiere una respuesta coordinada de todas las instituciones del Estado.
En 2017, se presentó la cifra más alta en deforestación que ha tenido el país. Con 219.973 de hectáreas de bosque arrasadas se marcó un récord devastador para Colombia, que no solo significó la destrucción de ecosistemas esenciales, sino que también profundizó problemas socioambientales que aún hoy siguen impactando la calidad de vida de los colombianos.
A pesar de haberse reducido en más de 100.000 el número de hectáreas degradadas, ocho años después la problemática persiste porque no existe una clara política pública que nos permita ganar la lucha, y tampoco se ha logrado abordar de manera integral la compleja situación de la formalización de la tierra y el ordenamiento del territorio.
La Ley 2387 de 2024 sancionada el año pasado, incluyó modificaciones significativas al procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia, para contribuir al fortalecimiento de la protección y cuidado del medio ambiente a través de herramientas legales que buscan prevenir y sancionar las infracciones ambientales. Sin embargo, ha faltado una mayor capacidad del Estado y la coordinación entre las distintas entidades para lograr el éxito en su aplicación. Todavía hay importantes aspectos que el Gobierno Nacional debe reglamentar.
Así las cosas, la deforestación continúa como una amenaza latente sin las acciones contundentes que demanda y una débil aplicación de la ley que favorece la impunidad. Pese a las normativas vigentes y los compromisos ambientales, los intereses económicos siguen imponiéndose sobre la conservación ambiental sin una intervención real y sostenida del Estado, poniendo en riesgo la biodiversidad y el bienestar de las comunidades afectadas.
En esta urgente batalla por la protección de la biodiversidad, es imprescindible contar con políticas públicas bien estructuradas y coordinadas. Tenemos que movilizarnos para proteger nuestros bosques antes de alcanzar un punto crítico e irreversible en la deforestación, para ello es fundamental unir esfuerzos entre el sector público y privado, adoptando medidas concretas y efectivas con el firme propósito de frenar la destrucción de nuestros ecosistemas.
