El derecho a la alimentación

El fuerte impacto económico y social desencadenado por la pandemia mundial, amplió la enorme brecha de inseguridad alimentaria que existía en el país, dejando afectaciones profundas en miles de familias colombianas, que continúan atrapadas en el hambre y la indigencia. La gran tragedia que ha marcado generaciones.

En el último informe del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo durante 2021 realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Colombia aparece entre los 63 países con mayor número de personas desnutridas. En cuanto a los menores de cinco años, los datos del informe muestran que en el territorio nacional la prevalencia de retraso en el crecimiento en niños es de 11,5 %.

Las cifras evidencian que políticas implementadas al día de hoy para combatir este flagelo han sido insuficientes y se encuentran muy lejos de resolver la creciente crisis de desnutrición, que amenaza a los colombianos, en especial a los menores de edad. Esta semana, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó los resultados de la encuesta del panorama de la seguridad alimentaria en el país, que revela que solo 76,3% de los hogares colombianos consume tres comidas al día, 22,6% llegan a dos comidas, 1,1% solo tiene la posibilidad de consumir una y el 0,1 %, menos de una.

La población más afectada es la infantil. Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va de 2022, 137 niños menores de cinco años han muerto por desnutrición, y los casos van en aumento si se comparan las cifras de niñas y niños afectados por la malnutrición aguda y leve durante el mismo periodo epidemiológico del 2021 cuando se habían notificado 5.494 casos, y este 2022, que lleva registrados 8.710. Situación que es más grave para los menores indígenas, donde 30 de cada 100 menores presentan este problema.

Ante esta alarmante realidad, los congresistas de la bancada del Partido de la U, radicamos el pasado 20 de julio una iniciativa que establece de manera expresa disposiciones jurídicas que permitirán al Gobierno Nacional reconocer la importancia debida a la garantía de la seguridad alimentaria para la población, al tiempo que a través de la consagración constitucional de esta prerrogativa fundamental se otorgan herramientas que le permitirán a la ciudadanía ser veedora y exigir el cumplimiento progresivo de la garantía de uno de los derechos más básicos y esenciales: el poder alimentarse dignamente.

Con la modificación del artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, este proyecto de acto legislativo (001 de 2022), busca elevar a rango constitucional los derechos a la alimentación y nutrición adecuada, y a estar protegido contra el hambre y la desnutrición, promoviendo, además, condiciones de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en el territorio nacional. Se pretende dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que el Estado colombiano ha adquirido y que se encuentran en completa consonancia con lo consagrado en el ordenamiento interno en virtud de lo establecido en diversas disposiciones constitucionales y en particular con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de 1991.

Insistiremos las veces que sean necesarias, ante el Congreso, para llevar esta iniciativa a feliz término. Los colombianos requieren y necesitan menos retórica y más acción. Al país le urge contar con los mecanismos que permitan establecer una política pública coherente para responder y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, como lo son la alimentación adecuada y la protección contra el hambre y la desnutrición. Ese es nuestro propósito con este proyecto.