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Uno de los mayores retos que tenemos para seguir avanzando en la transición energética es la expansión de una infraestructura lineal robusta que garantice la interconexión de fuentes generadoras de energía renovable al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Distribuir, de manera oportuna, la energía que empezarán a generar los megaproyectos, que se adelantan en el país, es vital para mantener la dinámica del sector, diversificar nuestra matriz, y mejorar la confiabilidad.
La ejecución de las líneas de transmisión para llevar energía eléctrica a los consumidores finales es un eslabón de la cadena que requiere de una mayor coordinación y acción en su puesta en marcha. Los considerables retrasos en las licencias ambientales, consultas previas, permisos y demás trámites, tienen con limitados avances a estas obras, que son clave en la transición. Preocupa que los cambios en las reglas del juego que se han implementado para otorgar los derechos de conexión, y la falta de capacidad operativa que ha demostrado la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) para atender las solicitudes, estén siendo un palo en la rueda de los proyectos renovables.
El año pasado, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) emitió, la controversial Resolución 075 de 2021, que contiene las reglas del nuevo procedimiento de conexión de los proyectos de generación, las obligaciones posteriores a su aprobación y las condiciones del periodo de transición. Si bien, a partir de entonces, se ha liberado capacidad de red para sumar proyectos de energías renovables, las críticas a este nuevo mecanismo abundan, principalmente por parte de quienes ya contaban con el aval para el trámite de solicitud de acople a las líneas y les fue retirado.
Por ejemplo, tenemos el caso del departamento de Bolívar, donde los representantes del sector han denunciado que al menos 9 proyectos de energía solar “están en entredicho”, debido a las nuevas disposiciones para otorgar los derechos de conexión al SIN. Según el Secretario de minas y energía de Bolívar, Wadi Romano, los proyectos afectados con la resolución han cumplido todos los requisitos de ley, con los estudios técnicos que demuestran que la red tiene capacidad para que los mismos se conecten, sin embargo, se les ha negado de manera masiva las conexiones a la red, exigiéndoles que los ingresen nuevamente de cero como si acabaran de llegar. Una situación que va en contra del desarrollo de las energías limpias, contrariando la norma con la que hemos buscado dar garantías y beneficios para el despliegue de estos proyectos.
A las múltiples trabas y complejos aspectos que deben sortear los emprendedores para lograr la ejecución de obras renovables, se les suma la dificultad de conectarse a la red. Se entiende que con los nuevos lineamientos se busque hacer uso adecuado y eficiente de la disponibilidad de las redes de transporte en el SIN, pero no se puede pasar por encima de proyectos que cumplen con toda la normativa. Debe ser rigurosa y transparente la revisión que realice la Upme de cada caso para no cometer injusticias y dejar en condición de desfavorabilidad a los actores menos fuertes.
Si no avanzamos en la entrada en funcionamiento de nuevas líneas como la Colectora en La Guajira, muchas obras se verán afectadas por la imposibilidad de enviar la energía al sistema. El Gobierno y el sector deben trabajar de la mano para fortalecer el proceso de expansión de la transmisión, permitiendo así que todos los proyectos de fuentes renovables salgan adelante.
