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Ante la creciente incertidumbre sobre el futuro energético del país, asegurar el suministro de los combustibles más utilizados por los colombianos debería ser la primera medida. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta lógica, y, por el contrario, un combustible fundamental como el gas licuado de petróleo (GLP), se encuentra fuera de la ecuación energética del Gobierno, sin recibir el respaldo que demanda como fuente esencial para conducirnos hacia la carbono neutralidad y garantizar una mejor calidad de vida para los colombianos.
Con un sector del GLP menguado y rechazado en la política pública de Transición Energética Justa del Gobierno Nacional, se corre el riesgo de aumentar la actual brecha de pobreza energética, que supera 18%, y ni qué decir de los graves efectos para la salud y el medio ambiente. Al ser un combustible que utilizan a diario 3,4 millones de hogares del territorio nacional, es decir, 12 millones de personas en sectores residenciales, comerciales e industriales, el gobierno tiene la obligación de garantizar su abastecimiento.
La falta de formulación y adopción de políticas anticíclicas para estimular la actividad petrolera por parte del Ministerio de Minas y Ecopetrol, además de la negativa a firmar nuevos proyectos de exploración y producción, han conducido a la importación de GLP. Sin duda, el gas propano se ha consolidado como una fuente energética con un notable potencial para la transición hacia energías limpias. Su uso es crucial para el desarrollo sostenible del sector eléctrico, la reducción de la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire.
Si bien el gas natural no puede ser sustituido, como se le ocurrió decir al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, combustibles de bajas emisiones como el gas propano si pueden ayudar a mitigar la problemática en tiempos de déficit. En medio de una indeseable coyuntura de importación de gas natural, el propano resulta una opción más competitiva, en este sentido, permitir que se disminuya la oferta nacional del combustible es un absoluto despropósito.
La política anti-hidrocarburos del Gobierno está haciendo mella en la industria del GLP, con demoras en el desembolso de los subsidios y una posible desfinanciación, el futuro es preocupante. Si el gobierno tiene la verdadera voluntad de trabajar para que Colombia tenga una matriz energética más limpia y sostenible, es indispensable que se enfoque en mantener la competitividad del país fortaleciendo el GLP y también, en escuchar al sector, que pide a gritos ajustes regulatorios para garantizar y ampliar la cobertura.
Exhortamos al Gobierno a liderar un diálogo nacional en torno al gas propano, que derive en acuerdos para el fortalecimiento de la oferta interna, garantizando el abastecimiento total de la demanda en las diferentes regiones. Los servicios públicos esenciales no pueden seguir siendo un privilegio reservado para solo una parte de la población, todavía hay muchas familias en Colombia cocinando con leña, afectando gravemente su salud y los ecosistemas. Al GLP hay que darle la relevancia que merece, reconociendo sus ventajas operativas y ambientales, así como su papel en la transición energética.
