Nubarrones sobre Hidroituango

El nuevo capítulo en la serie de terror y suspenso de Hidroituango, que llegó con la orden del embargo a las cuentas de la firma diseñadora de la obra, Integral, añade mayores preocupaciones a las ya existentes sobre la culminación del megaproyecto. Con la falta de certidumbre que vuelve a rondar su entrada en operación en el tiempo establecido, reaparece el fantasma del desabastecimiento energético y sus nefastas consecuencias.

Mediante un acto emitido el pasado lunes 12 de abril, la Contraloría General de la República ordenó el embargo a cuentas bancarias y bienes inmuebles de la firma contratista, medidas cautelares que se extendería a los demás constructores, interventores y aseguradores del proyecto de Hidroituango. Lo anterior, en el marco del proceso de responsabilidad fiscal con el que el ente de control busca recuperar los más de $4 billones de sobrecostos por las fallas en la planeación y ejecución de la hidroeléctrica.

Aunque no se conocen, todavía, los alcances de la medida y el nivel de impacto que podría causar en el proyecto de generación eléctrica, los posibles escenarios ante un eventual retraso de la obra resultan aterradores. Un aumento en las tarifas de servicios públicos en medio de la difícil situación económica por la que atraviesan los hogares colombianos, o tener que recurrir a un racionamiento ante un fenómeno de El Niño intenso, sería devastador y un terrible retroceso en materia energética para el país.

A ello hay que sumarle, que los efectos colaterales del bloqueo de los recursos también, alcanzarían a otros proyectos nacionales que desarrollan, hoy en día, las compañías involucradas.

Este nuevo traspié en Hidroituango, como lo han anunciado expertos, ciertamente tendrá implicaciones para Empresas Públicas de Medellín (EPM), y su menoscabada reputación. Afectaciones en el factor crediticio e incalculables multas y demandas son algunos de los problemas que tendrá que sortear el contratante, en medio de un panorama lleno de inconvenientes.
Seguir postergando el compromiso adquirido por Hidroituango de aportar 17% de la energía del país en 2022, además de representar un nuevo incremento en el costo total del proyecto y de desencadenar un mayor daño ambiental y social, sería un enorme riesgo para la estabilidad del sistema energético nacional. Con innumerables consecuencias económicas, derivadas de la necesidad de tener que recurrir a la importación de energía para cumplir con la demanda, depender de las fluctuaciones en los embalses y estar expuestos a los abusos de los generadores hidráulicos.

Sin duda celebramos la investigación juiciosa y objetiva que está realizando la Contraloría en este caso. Respetamos las decisiones del ente fiscal y esperamos que lleguen a un feliz término tanto para las finanzas públicas como para el sector energético colombiano. Por lo cual, realizamos un llamado a todos los órganos involucrados a fin de que se garantice el cumplimiento del cronograma, así como el suministro de energía, la protección al medio ambiente y al patrimonio público.

A tres años de la emergencia que se presentó por el taponamiento del sistema de desviación de la megaobra, es inadmisible que su culminación esté nuevamente en suspenso. Pedimos a EPM, aclarar cuáles son planes y estrategias que han establecido para evitar un nuevo retraso en la entrada en operación de la hidroeléctrica. Necesitamos respuestas claras que logren despejar el cielo lleno de nubarrones que hay sobre el proyecto.