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Estamos a pocos días que inicie el sexto debate del Acto Legislativo 018 de 2024 de iniciativa parlamentaria. El lugar será la plenaria del Senado. Desde Anif lanzamos una alerta hace algunas semanas con relación a dicho proyecto. Sorprende lo poco que se ha debatido en el país. Una modificación al Sistema General de Participaciones (SGP) implica un cambio importante en el modelo de desarrollo y de las finanzas públicas. Durante cinco debates, poco o nada se ha escuchado en la opinión pública sobre este tema. Es cierto que el país enfrenta un número importante de discusiones, pero un cambio al modelo de descentralización no debe pasar desapercibido. El país se merece una discusión profunda y responsable de cómo avanzar en el desarrollo regional.
También sorprende el intento de avanzar en la descentralización con una fórmula idéntica a la originalmente propuesta en la Constitución de 1991 y que el tiempo mostró infructuosa. El Acto Legislativo 018 de 2024 busca que el SGP crezca como porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación a partir de 2027 hasta alcanzar 46,5% en 2036 y en adelante.
Lo primero que se advierte es que un incremento gradual de las transferencias del SGP hasta llegar a 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación en 2036, podría en aprietos las finanzas del Estado. En el l escenario actual y con base en las proyecciones oficiales del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), las transferencias del SGP como porcentaje del PIB irán en aumento en la medida que los ingresos corrientes de la Nación han venido creciendo como proporción del tamaño de la economía. No obstante, con el Acto Legislativo 018, la presión adicional sería significativa, llevando a las transferencias del SGP a niveles nunca vistos, ni siquiera en la década de los 90. Vale recordar que, a comienzos de dicha década, cuando se estrenaba la Constitución del 91, los ingresos del Gobierno Nacional Central eran inferiores a 10% del PIB. 20 reformas tributarias después, los ingresos del Gobierno Nacional equivalen a 17,1% del PIB en 2024, y de acuerdo con el Mfmp alcanzarían 19,7% del PIB en una década. Esto explica porque la fórmula inicial de los 90 para el SGP en términos de los ingresos corriente de la Nación, implicaría una presión de gasto para los próximos años mucho mayor en porcentaje del PIB.
En pesos constantes de 2024, dicha presión de gasto vía transferencias por cuenta del Acto Legislativo 018 sería de $395 billones para el período 2027-2036. El próximo Gobierno (2026-2030) enfrentaría entre 2027 y su último año, 2030, un gasto adicional por $45 billones constantes de 2024. El siguiente Gobierno en turno, 2030-2034, heredaría un cheque por pagar por $191 billones. Es difícil imaginarse un escenario donde esta senda de compromisos fiscales sea viable.
Un segundo elemento de análisis es la inflexibilidad de gasto del Gobierno Nacional. Los intereses de la deuda, las pensiones y las transferencias del SGP consumen buena parte de los ingresos corrientes de la Nación. De aprobarse el Acto Legislativo 018 de 2024, las transferencias territoriales irían ganando participación hasta tal punto que 83% de los ingresos del Gobierno en 2036 quedarían comprometidos en esos tres rubros. Es claro que una descentralización insosteniblemente en lo fiscal no le sirve a nadie.
