Desfinanciamiento

El proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) se encuentra en un limbo jurídico. La fecha contemplada en el Estatuto Orgánico del Presupuesto del 15 de septiembre para fijar el monto definitivo ha pasado, sin que ninguna de las proposiciones, incluida la del Ejecutivo, lograra el consenso requerido entre las cuatro Comisiones Económicas de Senado y Cámara, como señala la Ley 179 de 1994 y el Decreto 111 de 1996. La siguiente fecha clave es el 25 de septiembre, cuando las mismas Comisiones deben aprobar el PGN en primer debate. Si el disenso continúa, es probable que pasada la medianoche del 20 de octubre, el Presidente sancione el PGN, tal y como estipula la ley. Esta semana se conoció el concepto jurídico del Secretario General del Senado donde se expresa que el monto del presupuesto fue negado.

Hay diferentes interpretaciones jurídicas sobre cuál versión del PGN podría sancionar el Presidente, llegado el momento, y en el entendido que el debate no avanzaría en el legislativo. Se sabe que el monto propuesto inicialmente por el Gobierno de $523 billones es contingente a la aprobación de la Ley de Financiamiento radicada recientemente.

Como escribí en este mismo espacio hace dos semanas, el proyecto del PGN se apoya en supuestos dudosos. En las cuentas del PGN, el Gobierno revisó al alza las proyecciones de ingresos frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo y estima un recaudo tributario por $317 billones para 2025. Los $26 billones de ingresos adicionales, frente al Marco Fiscal, se explican por la eventual aprobación de la Ley de Financiamiento por $12 billones, un aumento de ingresos por $14 billones por gestión de la Dian y $21 billones en recursos de capital, casi $5 billones más de lo inicialmente proyectado.

Todas estas cuentas son alegres, y de aprobarse el monto de los $523 billones el Gobierno se enfrentaría en 2025 a un problema de desfinanciamiento de serias proporciones. Con los datos de recaudo tributario a julio de este año de $162 billones, 7% menos que lo observado en el mismo período de 2023, nuestro estimado para todo el año es de $257 billones, $2 billones por debajo de la meta de $259 billones, que ya había sido revisada a la baja.

Con una proyección relativamente optimista de la dinámica económica en términos nominales y partiendo del estimado de los $257 billones de recaudo para finales de 2024, nuestra proyección de ingresos tributario para 2025 es de $286 billones, incluyendo un recaudo por gestión de la Dian de la mitad de lo presupuestado en las cuentas del PGN. La Ley de Financiamiento, de aprobarse, aseguraría recursos adicionales por $4,8 billones, no los $12 billones que el Ejecutivo pregona. Vale la pena señalar que la Ley de Financiamiento, más que traer nuevos ingresos, le da licencia al Gobierno de un mayor déficit, a cuenta de estirar y socavar la Regla Fiscal. Con nuestras cuentas, los ingresos tributarios estarían bordeando los $291 billones, $26 billones por debajo de los $317 billones que sustentan el monto de los $523 billones. Si a esto le sumamos, $5 billones adicionales que no se materializarían en la cuenta de recursos de capital, estamos hablando de un faltante de $31 billones, en un escenario con supuestos optimistas. Con unas cuentas más prudentes el faltante sube a $38 billones. Ojalá prime la sensatez y tengamos un presupuesto más austero, por el bien del país y del propio Gobierno.