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Ojalá que cuando esta columna salga impresa, el proyecto de Ley de Financiamiento sea cosa del pasado. Al momento de escribirla, todo apunta a que las Comisiones Económicas del Congreso, en particular las del Senado, votarán negativamente la propuesta del Gobierno. No obstante, todavía existe una oportunidad de que el proyecto avance.
La Ley de Financiamiento es especialmente inconveniente en el actual contexto. No todos sus componentes son reprochables, pero sí la mayoría. Sin embargo, más allá de analizar los méritos y problemas de cada una de las iniciativas contempladas en el proyecto, lo más preocupante es que la Ley de Financiamiento exacerbaría el problema fiscal en lugar de solucionarlo.
Es bien sabido que el Presupuesto General de la Nación propuesto por el Gobierno para 2025 está desfinanciado. De hecho, la Ley de Financiamiento, como figura legal diferente a una reforma tributaria, está diseñada para buscar las rentas adicionales necesarias para financiar el Presupuesto de la Nación. No obstante, la Ley de Financiamiento presentada por el Gobierno Petro no cumple este objetivo: de un faltante de recaudo de $12 billones, la propuesta no tiene unas fuentes claras de recursos adicionales más allá del impuesto al carbono y las sobretasas al sector de hidrocarburos y de generación eléctrica. Adicionalmente, el grueso de la propuesta no contempla ingresos adicionales, sino un mayor espacio de endeudamiento mediante el final del período de transición de la Regla Fiscal. Mayor endeudamiento no puede, ni debe, entenderse como ingresos adicionales. Tener un cupo mayor en la tarjeta de crédito, no es lo mismo que tener un aumento del salario.
El Gobierno ha presentado de manera astuta el mayor espacio de endeudamiento como una fuente de ingreso asociada a la Ley de Financiamiento. No obstante, como ya se dijo, esto no solo no es el caso, sino que el monto del mayor espacio fiscal es incierto ya que depende del nivel de deuda neta del Gobierno Nacional Central a fin de año. Un nivel que, a su vez, está en función del tipo de cambio.
Cuando el Gobierno presentó por primera vez la propuesta, las proyecciones sugerían un tipo de cambio de cierre de año cercana a los $4.100 por dólar. Con los niveles actuales de tasa de cambio, la deuda neta del Gobierno podría cerrar por encima de 56% del PIB, y no de 55,3% como el Ministerio de Hacienda anticipaba. Con este escenario, anticipar el final del período de transición de la Regla Fiscal no implicaría un mayor espacio fiscal de $5,3 billones, sino algo cercano a los $3,5 billones.
Si a esto le sumamos que la Ley de Financiamiento ya no incluye el IVA a los juegos de azar en línea -una medida que esperaba de manera optimista recaudar $2 billones- y que espera adicionalmente $1,4 billones de mayor recaudo por gestión de la Dian - a sabiendas de que ya en el Presupuesto General se proyectan $14,5 billones por el mismo rubro-, es fácil darse cuenta de que dicha propuesta puede terminar empeorando las finanzas públicas en 2025.
El país sigue teniendo un amplio margen de mejora en materia tributaria. Debe verse como un propósito común reducir las tasas de renta corporativa para las empresas de todos los tamaños, y simplificar el sistema impositivo. No obstante, en la actual coyuntura lo más importante desde el punto de vista fiscal es cumplir las metas consistentes con la Regla, lo que implica una política de ajuste y priorización del gasto.
