Financiación sector energía

Como se ha venido alertando, el sector energético atraviesa una difícil situación financiera. Lo anterior, asociado a las cuentas por pagar pendientes del Gobierno por concepto de subsidios ya otorgados a los usuarios de energía eléctrica y gas natural durante 2024.

Desde 2004, el Gobierno Nacional subsidia el consumo de subsistencia de los hogares. Es decir, la cantidad mínima de energía mensual que se requiere para cubrir las necesidades energéticas. Con lo anterior, los hogares de estrato 1 reciben un subsidio equivalente a 60% de su tarifa, el estrato 2 de 50% y el estrato 3 de 15%. Por su parte, el estrato 4 paga una tarifa plena y los estratos 5 y 6 pagan 20% adicional sobre el valor de su consumo energético. Esa sobretasa, sumada a las ayudas del Gobierno, permite cubrir los subsidios de los estratos más bajos.

Luego, otro de los elementos relevantes dentro del funcionamiento del sistema, es la Opción Tarifaria, una medida obligatoria que se implementó desde el Gobierno Duque a raíz de la pandemia en abril de 2020. Esta es un mecanismo a través del cual se busca reducir el impacto de los incrementos de las tarifas sobre los usuarios finales, mediante el congelamiento de estas, acumulando saldos que serán cobrados posteriormente. Bajo este esquema el comercializador le presta al conjunto de usuarios del mercado la diferencia entre lo que se encuentra autorizado a cobrar y el valor efectivamente cobrado. Vale la pena resaltar que las empresas de energía que aplicaron la Opción Tarifaria se financian por medio de Fintender, entidad designada en el Decreto 0268 de 2024 para inyectar recursos de capital y liquidez.

Tanto los gremios del sector energético como la Controlaría General han alertado sobre el riesgo de una posible crisis sistémica que pueda repercutir en afectaciones del suministro de energía eléctrica y de gas natural. Esto se deriva del retraso en los pagos de recursos a las comercializadoras de servicios públicos de energía y gas por servicios ya prestados.

De acuerdo con cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, a corte de 2024, la deuda acumulada del sector asciende a $7,6 billones, 60% de los recursos anuales necesarios para la operación. Dentro de estos, el mayor rubro, $3,3 billones, corresponde a la Opción Tarifaria. Estos son compromisos que el Gobierno había condicionado financiar por medio de deuda pública, como lo establecía en la ley de financiamiento. Ante la caída del proyecto, hay incertidumbre sobre la manera en la cual el Gobierno puede hacerle frente a este compromiso. Así mismo, el sector se enfrenta a una crisis financiera por pagos atrasados en los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, las cuales ascienden a $2,7 billones para energía eléctrica, más la deuda de usuarios oficiales equivalente a $1 billón, y finalmente, de gas natural equivalente a $628.000 millones

El saliente Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, señaló que el total de la deuda de 2024 es de solo $1,8 billones, cifra que dista de la advertida por actores del sector y los órganos de control. Es positivo el anuncio del ministro de Hacienda, Diego Guevara, sobre el compromiso del Gobierno a pagar $300.000 millones mensuales hasta alcanzar $1 billón. No obstante, esto no pondrá fin a la apretada situación financiera.

La Contraloría advirtió que, de no darse una pronta solución a estos problemas, podría haber en algún momento un desmonte de los subsidios por parte de las empresas comercializadoras, lo que las llevaría a ajustar al alza las tarifas, afectando a la población más vulnerable. Tal como han advertido diferentes actores, podrían derivarse aumentos de hasta de 150% del valor de la factura. Esto pone en riesgo la prestación de los servicios para los usuarios subsidiados, quienes fueron responsables de 65% del consumo de energía durante 2023. Es clave que el Gobierno no desvíe su atención de la apretada coyuntura que atraviesa el sistema y genere soluciones para evitar un apagón energético.