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En un cronograma inverosímil, el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” logró su aprobación la semana pasada en el Senado. En su paso por el Congreso, el Plan ganó en extensión, número de artículos y temas tratados. El documento inicial propuesto por el Gobierno tenía aproximadamente 47.000 palabras. Para la ponencia del primer debate el Plan se había casi duplicado a 82.000, y el finalmente aprobado alcanza las 90.000 palabras - 336 artículos.
Muchas de las modificaciones propuestas por los parlamentarios son sobre temas diversos y puntuales que hacen que el Plan pierda parte de su foco inicial. El Plan final contempla iniciativas tan dispersas como la declaración del arroz como bien exento de IVA (artículo 232), los controversiales aranceles a las importaciones (artículos 276 y 277), planes para mejorar el uso del espacio público y al acceso a la seguridad social de los vendedores informales (artículo 73), becas por impuestos (artículo 232) y la cofinanciación de sistemas de transporte masivo que se conecten con los aeropuertos (artículo 303), entre muchos otros.
El tema fiscal y tributario ganó participación en el Plan en su paso por el Congreso. La versión final incorpora 13 artículos que modifican el Estatuto Tributario, mientras que el Plan 2014-2018 no incluye ninguno y el del cuatrienio 2010-2014 cuenta con solo siete artículos de esta naturaleza. Un conteo de palabras relacionadas con este tema, incluyendo las palabras “fiscal”, “tarifa”, “impuesto”, “tasa” arroja un total de 345 menciones en el documento final, frente a 151 de la propuesta inicial presentada por el gobierno.
Más allá de las modificaciones introducidas por el Congreso y la diversidad de temas, cabe resaltar que en términos del marco de inversiones plurianuales el Plan estipula un monto importante de inversiones para Educación (20% del total de inversiones), Salud y Protección Social (14%), y otros temas de la mayor importancia como Transporte (10%), Vivienda (6%), e Inclusión Social (4%). En esta medida, se puede decir que a pesar de la variedad de temas, el Plan sigue teniendo como columna vertebral la inversión en sectores clave para el cumplimiento de las metas sociales y alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como lo han sugerido varios analistas, vale preguntarse si es deseable mantener el trámite actual de los planes de desarrollo. Queda claro que muchas de las modificaciones parlamentarias, así sean de buena fe, no pueden evaluarse con la rigurosidad necesaria dado los tiempos de trámite en el legislativo, y no tienen en la mayoría de casos la consistencia en materia para que constituyan realmente planes para desarrollar al país.
Por el momento y mientras se discuten alternativas frente a cómo tramitar y elaborar los planes de desarrollo, es importante que el Gobierno avance en la implementación de muchos de los temas por reglamentar incluidos en el Plan. Una cuenta rápida sugiere que al menos 12% de los artículos del Plan necesitan reglamentación posterior.
Hay varios temas fiscales como el manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y la sustitución de obligaciones jurídicas en sentencias por deuda pública, que son puntualmente relevantes para los planes de ajuste fiscal del próximo año y pueden tener un efecto importante sobre el saldo de deuda del Gobierno Nacional Central.
