Problema fiscal

El Gobierno reveló hace poco la actualización de su Plan Financiero para 2025, así como el cierre preliminar de 2024. Las noticias, como se había anticipado, no son buenas. Los ingresos tributarios, como fuimos aprendiendo mes a mes el año pasado, se quedaron cortos. De una meta de recaudo bruto para todo el año de $279 billones, el Gobierno solo alcanzó $266 billones, $13 billones menos de lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2024. El recaudo tributario asociado al impuesto de renta cayó un 13,3% en 2024 frente a 2023, al pasar de $147 billones a $128 billones. Los ingresos tributarios derivados del IVA aumentaron en términos nominales solo un 5%, y el recaudo asociado a IVA externo y aranceles se redujo en 2,4%. El recaudo neto total cayó en $18 billones entre 2024 y 2023. Estas cifras de recaudo son difíciles de reconciliar con las de actividad, ya que el crecimiento económico tuvo un repunte el año pasado.

El Gobierno ha afirmado que la caída en el recaudo en 2024 se explica por una mala calibración de las retenciones de renta corporativa en 2023, que llevaron a un aumento de los anticipos ese mismo año. Las cifras así lo muestran, pero no dan cuenta de la magnitud de la caída. Desde el año pasado, Anif ha insistido en que detrás de la debilidad en las cifras de recaudo se encuentra la contracción de sectores clave desde el punto de vista tributario, como el de hidrocarburos y la industria. Estos dos sectores se contrajeron en 2024. Con corte al tercer trimestre del año pasado, la industria y el sector de minería y petróleo exhibieron una caída anual de 1,3% y 7,1%, respectivamente. Vale la pena recordar que estos dos sectores aportaron 35% de los ingresos tributarios por renta entre 2020 y 2022. Una medida del valor agregado sectorial ponderada por la participación tributaria de renta de cada sector muestra, con corte al tercer trimestre, una caída anual de 1,9%, en contraste con el crecimiento del PIB de 2%. De este análisis se desprende que la composición del crecimiento en 2024 afectó negativamente al recaudo y que, de continuar el proceso de transición energética acelerada -que incluye medidas de política y regulación que desincentivan la producción de petróleo, gas, carbón y minería formal-, los ingresos fiscales de la Nación seguirán mostrando una relativa debilidad.

No obstante, las malas noticias en materia fiscal no paran ahí. El gasto total del Gobierno se elevó en 2024 en $31 billones frente al año anterior, como resultado de un mayor gasto en intereses ($13 billones) y un mayor gasto primario (funcionamiento e inversión, con $18 billones). Si bien el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, ya había advertido que el Gobierno no había podido contener las presiones de gasto en la segunda parte del año, para el mercado financiero y los analistas sí fue sorpresivo que el gasto primario resultara mayor en un punto del PIB (unos $16 billones) a lo que el Gobierno había proyectado a mediados de 2024 en el Marco Fiscal. Las cifras de gasto revelan la urgencia de tener una política de austeridad fiscal y de repensar las inflexibilidades presupuestales, como las rentas de destinación específica, que dificultan los ajustes en el gasto cuando el Gobierno enfrenta choques negativos en sus ingresos.

Con todo esto, la cifra de déficit fiscal de 2024 fue de 6,8% del PIB, muy superior a 5,6% planteado en el Marco Fiscal y a 4,3% de 2023. Adicionalmente, vale la pena mencionar que el Gobierno solo pagó 75% del rezago presupuestal, cuando lo usual es un cumplimiento de 98%. El rezago presupuestal indica el presupuesto que el Gobierno no pudo pagar en una vigencia fiscal y queda pendiente para el siguiente año. Si en 2024 el Gobierno hubiera pagado 98% del rezago, el déficit fiscal hubiera sido de 7,2% del PIB. El monto del rezago que el presupuesto hereda para este año es de $55 billones. Ambas cifras son muy preocupantes, sobre todo si se tiene en cuenta que el Gobierno tiene pendientes cuentas que, en solo tres sectores (salud, infraestructura y energía), alcanzan los $23 billones. Estas obligaciones pendientes tienen a muchas entidades en dificultades financieras. El Gobierno debe priorizar el pago de estas obligaciones para darle oxígeno al sector salud y a las tantas empresas del sector de infraestructura y energía.