Peajes al alza

La evolución de los peajes en nuestro país ha estado marcada por un incremento tanto en número como en costo. Hoy, Colombia cuenta con cerca de 180 peajes distribuidos por todo el territorio, muchos gestionados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Este crecimiento responde a la necesidad de financiar grandes proyectos de infraestructura, pero también ha generado una reacción adversa entre los usuarios, quienes ven estos cobros como abusivos por su frecuencia y valor. La situación se agrava por la incertidumbre sobre los incrementos en las tarifas, lo que impacta tanto a los conductores como a los inversionistas en el sector.

La historia de los peajes en Colombia se remonta a mucho antes de la década de los noventa, cuando ya existían en vías operadas por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con recursos que en teoría se destinaban al mantenimiento de estas carreteras. No obstante, fue con la introducción del modelo de concesiones viales bajo la Ley 105 de 1993 que se dio un cambio significativo, abriendo la puerta a la participación privada en la construcción, operación y mantenimiento de carreteras, revertiendo décadas de gestión casi exclusivamente estatal.

Históricamente, el aumento de los peajes en Colombia ha seguido reglas claras basadas en el índice de precios al consumidor (IPC) o en los contratos de concesión, lo que garantizaba cierta previsibilidad para los usuarios y para las empresas que operan estas vías. Sin embargo, en los últimos años, la situación ha cambiado drásticamente. Las decisiones sobre el aumento o congelamiento de tarifas se han convertido en un campo de tensión entre las necesidades de financiación de infraestructura, las presiones políticas y el malestar social.

En 2023, por ejemplo, el gobierno nacional anunció el congelamiento de tarifas en vías concesionadas, una medida que, aunque aplaudida por muchos usuarios, creó un desbalance financiero para las concesionarias que ya habían planeado sus presupuestos con base en los incrementos estipulados. Esto derivó en renegociaciones contractuales, tensiones con los inversionistas y, en algunos casos, afectaciones en la calidad del mantenimiento de las vías.

El sistema de peajes tiene ventajas innegables. Ha permitido financiar obras de gran envergadura como las autopistas de cuarta generación (4G), que buscan mejorar la conectividad y la competitividad del país. Además, las concesionarias han introducido tecnologías innovadoras como el peaje electrónico, que reduce tiempos de espera y mejora la fluidez del tráfico. No obstante, el costo de estos beneficios recae directamente sobre los usuarios, quienes a menudo perciben que el valor que pagan no corresponde con la calidad del servicio. Este incremento también afecta la economía en general, elevando los costos de transporte y, por ende, el precio de bienes y servicios.

Por otro lado, la incertidumbre tarifaria afecta la confianza de los inversionistas que apuestan por el desarrollo de infraestructura en Colombia. Las concesiones son, por naturaleza, proyectos de largo plazo que requieren estabilidad normativa y financiera para garantizar su éxito. Cada decisión unilateral que altera las condiciones pactadas envía una señal negativa a los mercados y puede desincentivar la participación privada en futuros proyectos.

La solución no está en abolir los peajes, sino en construir un sistema más justo, transparente y predecible. Esto requiere, primero, garantizar que los incrementos tarifarios se realicen de manera planificada y comunicada con antelación. Además, es fundamental que los recursos recaudados se destinen efectivamente al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, asegurando que los usuarios perciban un retorno tangible por lo que pagan. Se deben considerar auditorías transparentes sobre el uso de los fondos de peajes, y políticas como descuentos para usuarios frecuentes o tarifas diferenciadas para vehículos de carga que transportan bienes esenciales.

Los peajes son una pieza clave en el desarrollo vial de Colombia, pero su gestión actual requiere ajustes para beneficiar tanto a los usuarios como a los inversionistas. La incertidumbre tarifaria no solo genera malestar social, sino que también pone en riesgo el avance de la infraestructura. Si Colombia aspira a consolidarse como un país competitivo y conectado, es esencial que el precio de los peajes deje de ser un obstáculo y se convierta en una herramienta efectiva para el progreso.