Resolver antes de pelear

Los conflictos en los contratos de infraestructura son inevitables. Los proyectos se ven afectados por factores externos como pandemias, alzas en los costos de insumos o protestas sociales, así como por problemas internos derivados de fallas en la planeación o estructuras contractuales deficientes. Cuando estas situaciones ocurren, las partes pueden gestionar la controversia directamente o acudir a un tercero para que la resuelva con efectos vinculantes. Sin embargo, la evidencia demuestra que un proyecto puede retrasarse más de dos años por una controversia sin resolver.

En Colombia, las entidades contratantes han recurrido principalmente a la amigable composición y al arbitraje. La amigable composición permite resolver diferencias contractuales de manera más rápida que los procesos judiciales y con efectos de cosa juzgada. Según estudios de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, este mecanismo toma en promedio 4,8 meses desde su activación hasta la decisión final. Sin embargo, el tiempo real transcurrido entre el surgimiento del problema y su resolución puede extenderse hasta 15,1 meses.

El arbitraje, tanto doméstico como internacional, es una alternativa efectiva al litigio tradicional. En proyectos de infraestructura, los tribunales arbitrales especializados pueden resolver controversias de manera más ágil que la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante, su tiempo de resolución sigue siendo prolongado. Un análisis de 56 laudos arbitrales en concesiones muestra que, en promedio, el arbitraje toma 25,7 meses desde su convocatoria hasta el fallo definitivo.

Estos mecanismos cumplen una función importante, pero su principal limitación es que se activan cuando el conflicto ya se ha consolidado. La industria no debería conformarse con reaccionar ante los problemas, sino adoptar herramientas que permitan prevenirlos antes de que escalen. En este sentido, los Dispute Adjudication Boards, DAB; y los Dispute Avoidance and Adjudication Boards, DAAB, promovidos activamente por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, Fidic, representan una alternativa con resultados comprobados en grandes proyectos a nivel internacional.

Estos paneles de expertos no solo intervienen en la resolución de disputas, sino que acompañan la ejecución del proyecto y asesoran a las partes en la identificación temprana de riesgos. En países como Perú, Brasil, Ecuador, Chile y Costa Rica, estos mecanismos han sido implementados con éxito en proyectos de infraestructura, reduciendo significativamente el número de conflictos que llegan a arbitraje o litigio.

Las iniciativas de Fidic han buscado impulsar la adopción de estas metodologías en contratos de construcción y consultoría a nivel global. Su enfoque es claro: resolver controversias antes de que se conviertan en obstáculos insalvables para el desarrollo de los proyectos. En Colombia, estos mecanismos podrían ofrecer una solución eficaz a los problemas que actualmente afectan la ejecución de contratos en el sector público y privado.

Las entrevistas realizadas por la CCI a inversionistas y gerentes de concesiones confirman que mejorar la gestión de disputas es una necesidad urgente. Los actores del sector coinciden en que las decisiones deben ser definitivas y no generar nuevas negociaciones o instancias adicionales. También destacan la importancia de contar con expertos con un conocimiento profundo de la infraestructura, evitando interpretaciones alejadas de la realidad del sector.

Implementar mecanismos preventivos no requiere cambios normativos ni reformas regulatorias. Basta con que las partes los acuerden como una instancia adicional en la gestión contractual. Prueba de ello son las mediaciones entre concesionarios aeroportuarios y viales y la ANI, donde se lograron acuerdos para mitigar los impactos de la pandemia y corregir errores en la estructuración de los contratos 4G.

Resolver antes de pelear debe convertirse en la nueva norma en los contratos de infraestructura. Los conflictos no desaparecerán, pero pueden administrarse de manera más eficiente. La experiencia internacional demuestra que los mecanismos de prevención reducen costos, agilizan la ejecución de los proyectos y generan mayor seguridad para todos los involucrados. Como bien lo ha señalado el Dr. Juan Carlos Quiñones Guzmán, vicepresidente Jurídico de la CCI, “prevenir es mejor que litigar”.