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Tras su trámite en el Congreso de la República y reciente sanción presidencial, el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2022-2026) “Colombia, potencia mundial de la vida” marca un hito, al habilitar, bajo un modelo obligatorio, que entidades públicas y privadas, debidamente autorizadas por sus clientes, permitan conocer la información que de estos manejen, para incrementar la oferta de productos financieros y complementarios, creando sinergias con terceros, y facilitando su acceso, siendo esta la base fundamental de lo que será la política de datos abiertos en Colombia.
Esta habilitación no sólo tiene el potencial de eliminar barreras para lograr el financiamiento, sino que favorecerá la integración y profundización de un ecosistema financiero cada vez más dinámico y diverso. En efecto, al obtener más información de una persona o empresa, de sus hábitos comerciales y de pagos, se potencializan las posibilidades que tiene para realizar negocios y para adquirir financiación.
Es pues evidente que la falta de información es una de las principales barreras para el financiamiento, especialmente en sectores de la población subatendidos e informales, razón por la cual los datos, cuyo valor es cada vez más relevante, se han convertido en el eje de consolidación de las economías digitales.
Sin lugar a duda, los esfuerzos regulatorios realizados en los últimos años para aumentar la inclusión financiera en el país han sido significativos y la innovación para obtener información ha sido un factor determinante en este camino.
En efecto, con la expedición en 2022 del Decreto 1297 sobre finanzas abiertas, Colombia se abrió paso a un modelo de intercambio de información voluntario, que genera incentivos para la integración de más actores que faciliten el financiamiento, como por ejemplo terceros especializados, y marketplaces o plataformas electrónicas en las que se venden productos o servicios.
Los beneficios del esquema de finanzas abiertas, cuyos estándares tecnológicos y de seguridad se encuentran en proceso de expedición por parte de la Superintendencia Financiera, son amplios: disminuye asimetrías de información generando mayores niveles de inclusión financiera, promueve la configuración de una oferta más personalizada e innovadora de productos y servicios financieros y la competencia entre todos los actores del ecosistema, entre otros. Según estudio de Mckinsey de 2021 el impacto en países emergentes del open finance se estima en la próxima década en el 4% del PIB.
Pero el impacto que se espera con un esquema mucho más amplio, como viene a ser el adoptado con el PND 2022-2026 para Colombia, que conlleva un tránsito de las finanzas abiertas a un modelo de datos abiertos, se traducirá en una amplia gama de oportunidades para la profundización financiera y crediticia. No obstante, los retos que se avecinan son grandes.
Para su materialización y adecuado funcionamiento jugará un papel fundamental la coordinación entre los diferentes actores que harán parte del esquema y la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, en aras de garantizar su gobernanza y estándares operativos, tecnológicos y de seguridad.
Es determinante, establecer criterios objetivos para la asignación de responsabilidades entre los diferentes actores del ecosistema y un mecanismo transparente y ágil de solución de controversias, así como empoderar a los consumidores financieros sobre el uso de sus datos.
En esa medida, el liderazgo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Superintendencia Financiera será determinante para potenciar la innovación en el sistema financiero y promover que más personas y empresas accedan a servicios financieros confiables, eficientes y adaptados a las necesidades cambiantes de los consumidores.
