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Quien ostente el honor y la responsabilidad de dirigir las riendas de este país, bien sea Rodolfo Hernández o Gustavo Petro, tendrá que tomar de forma inmediata difíciles decisiones en materia económica en las cuales no se puede dejar llevar por el populismo. Debe actuar con serenidad y responsabilidad frente a las finanzas públicas a mediano y largo plazo.
En primer lugar, debe tomar una decisión frente al ingreso solidario, el cual fue creado como un subsidio de emergencia para atender los efectos de los confinamientos a causa de la pandemia, consistente en un giro mensual de mínimo $200.000 pesos por hogar, para más de cuatro millones, recursos que representan un costo cercano a los $9,5 billones anuales a cargo del presupuesto general de la Nación, y que de acuerdo con la ley expira al final de este año. Razón por la cual, el próximo gobierno deberá decidir si lo mantiene en el tiempo o lo desmonta y en caso de sostenerlo, debe buscar la respectiva fuente de financiación.
Otra decisión importante que debe tomar tiene que ver con los subsidios a los combustibles, que tal y cómo se ha venido hablando, pueden costarle a la Nación más de $25 billones al año de acuerdo con los precios actuales, razón por la cual, también, debe decidir si se mantienen o por el contrario esos recursos se destinarán a programas más redistributivos y mejor enfocados. Al mismo tiempo debe analizar con sumo cuidado los efectos que pueden generarse frente al fenómeno inflacionario que se está presentando.
Respecto de la inflación, con corte a mayo de 2022, esta se ubica sobre 9% siendo la más alta de los últimos 20 años y, si bien es un fenómeno global que amenaza con generar una recesión en muchos países en el año 2023, lo cierto es que puede mantener sus altos niveles en los próximos años. En consecuencia, el país debe tomar decisiones agresivas para controlarla, entre estas aumentar la tasa de interés de referencia de manera más decidida, ya que gran parte de nuestro excepcional crecimiento, el mayor de la OCDE, se debe al consumo interno que puede recalentar la economía.
Lo anterior, unido a que el aumento de casi el doble de las tasas de interés que paga el Estado al emitir deuda pública. En efecto, a principios de 2021 las tasas de los TES colocados a 10 y 15 años se encontraban en niveles de 4,8% y 5,9%, y a la fecha, los mismos están cercanos a 10,5%, siendo las más altas de los últimos 10 años y las cuales, con la subida de las tasas de los bancos centrales de las principales economías puede seguir aumentando. Lo anterior, aunado al nivel de endeudamiento del Gobierno Nacional Central y al déficit fiscal que se encuentra en niveles cercanos a 6,5% del PIB, que implican la necesidad de un ajuste, que impone reducir el gasto y aumentar el ingreso.
Esto implica que endeudarnos cada vez será más costoso y que tendremos mayores problemas para financiar todo el gasto social y en especial el que se implementó para atender la emergencia y frente al cual, el próximo gobierno debe tomar la decisión de mantenerlo o no de forma permanente. Así las cosas, el gobierno entrante deberá, por un mal diseño institucional, enfrentarse a la aprobación de un presupuesto presentado por el gobierno saliente, el cual no refleja sus políticas y tendrá que efectuar los respectivos ajustes en los primeros meses. Así mismo, pero no menos importante, tendrá que decidir que gastos de su plan de gobierno pretende incluir, pues la mayoría de los que hoy se encuentran incluidos, son absolutamente inflexibles y no se pueden recortar de forma inmediata.
Lo anterior supondrá necesariamente que el gobierno entrante tendrá que plantear una reforma tributaria que genere nuevas fuentes de financiamiento sin afectar la inversión privada, con el fin de dotar al país de recursos para disminuir el déficit, apalancar la inversión y gasto público, financiar su plan de gobierno y tomar decisiones estructurales frente a los subsidios que hoy entrega el Estado, que de mantenerse harán insostenible fiscalmente al país.
