El aval fiscal

Cuando el Estado colombiano modificó la Constitución Política, incorporando en el concepto de sostenibilidad fiscal, pretendió que las decisiones de las autoridades y de las ramas del poder público guardaran coherencia con la capacidad estatal para cumplir sus obligaciones y que las decisiones que se adoptaran, no fuesen irrealizables por el hecho de no poderse cumplir o ejecutar ante la ausencia de recursos. Esto no significa nada diferente a que un Estado sin recursos no puede cumplir con sus propósitos, y que para la garantía de los derechos y la prestación de los bienes públicos se requiere contar con el presupuesto necesario para poder sufragarlo.

En consecuencia, la Ley 819 estableció como instrumento para garantizar la sostenibilidad fiscal, la existencia del Marco Fiscal de Mediano Plazo con el cual se observa la senda de la deuda pública, se analizan los nuevos ingresos y los gastos a que está obligado el Estado, así como su garantía de poderlos asumir. El artículo 7° determinó que toda ley que genere nuevo gasto debe hacer explícito su costo, su compatibilidad con el Marco Fiscal y debe determinar la fuente adicional de recursos necesarios para cubrir el gasto que se genera.

Recordemos que en 2024 como se ha mencionado incluso por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, el Marco Fiscal no se cumplió dado que no comparte el argumento del Gobierno según el cual el mayor déficit se debió a situaciones extraordinarias calificadas como transacciones de única vez. El no cumplimiento de la Regla Fiscal implica que el país está en riesgo de no poder honrar sus compromisos y sufragar sus propios gastos. Lo anterior conlleva a que los mercados vean mayor riesgo en la estabilidad de nuestra economía y en consecuencia nos cobren mayores intereses al momento de adquirir deuda y en muchos casos recomienden no invertir en Colombia.

Bajo estas circunstancias resulta extremadamente preocupante que el Ministerio de Hacienda al momento de expedir sus conceptos de análisis de impacto fiscal de los proyectos de ley que pretenden ser Ley de la República, cuando estos son de origen del Gobierno, no cumplan con la rigurosidad y exigencia de la ley, no efectúen la cuantificación ni el impacto para las finanzas públicas, no analicen las fuentes alternativas de ingreso para cubrir dichos gastos y concluyan que avalan los proyectos siempre y cuando estos no estén en contravía del Marco Fiscal, cuando es esta cartera la llamada a conceptuar respecto de la posibilidad de sufragar los nuevos gastos y si se ajustan al mencionado Marco. El Ministerio no puede eludir su responsabilidad y mucho menos poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas.

En este sentido, el concepto frente al proyecto de ley de la reforma laboral vulnera lo dispuesto en la ley 819, al manifestar que esa iniciativa incrementaría los costos laborales y los correspondientes al sistema de Seguridad Social, pero que si están dentro del techo presupuestal de cada sector cuentan con su aval. Igual situación se presentó frente al proyecto de reforma a la salud, ante al cual emitió concepto favorable bajo el condicionante de que las obligaciones corrientes con el sector salud acumuladas al cierre de 2024, que pueden ascender a más de $12 billones, sean cubiertas por el Ministerio de Salud. Resulta irresponsable generar nuevos gastos, a sabiendas de que el mismo en los primeros años genera un costo adicional qué pasaría de cerca de 5,6% del PIB a representar en los primeros años cerca de 6,4%, sin pagar las deudas anteriores.

Así las cosas, resulta contrario a la ley, la forma como el Ministerio de Hacienda está avalando los proyectos del Gobierno que pretenden generar nuevos gastos, cuando se está poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Recordemos que, si el Estado se quiebra, la ilusión de los nuevos derechos se esfumará, pero más grave aún, perderemos los logros sociales que con tanto esfuerzo hemos alcanzado. Si el Estado se quiebra, nos quebramos todos.