La iguana en vía de extinción

Sorprende y genera preocupación la pasividad, indiferencia y falta de reacción de los accionistas minoritarios de Ecopetrol ante las decisiones tomadas por la compañía, obedeciendo a los caprichos y posiciones dogmáticas impuestas por el Gobierno Nacional como accionista mayoritario. En efecto, estas directrices han socavado la empresa, van en contravía de sus propios intereses y de su gobierno corporativo, generando la drástica disminución de su valor, al punto que la caída en utilidades en 2023 fue superior a 42% y en el primer semestre de este año, alcanza 24,2%

Las determinaciones adoptadas por instrucción del Presidente de la República desconociendo la existencia de un gobierno corporativo, de accionistas privados y los propios intereses del Estado, son preocupantes y ameritan una acción decidida tanto por parte de la Contraloría General de la Nación, encargada de velar por los recursos públicos, como por todos los accionistas privados, que están viendo como la compañía pierde valor y como sus inversiones se ven afectadas.

Imponer una junta que obedece a favores políticos, sin la experiencia y los conocimientos necesarios y, que adicionalmente, no cumplen con los requisitos para una compañía de tal magnitud, es atentar contra la misma. Mantener en su presidencia a una persona investigada por violar la ley, en contravía de las advertencias efectuadas por sus propios asesores, quienes manifiestan que debe ser separado de su cargo por perjudicar su imagen y su valor, no sólo es un despropósito, es mala fe y va en contravía de la normatividad de los mercados de valores. Es importante recordar que Ecopetrol está listada en las bolsas de Colombia y Nueva York.

La decisión de no haber comprado la participación en el proyecto CrownRock que se adelanta en Estados Unidos, la cual incrementaría las reservas en 9% y las utilidades en cerca de 14% y que garantizaría la continuidad de las operaciones en el tiempo, es una clara muestra de la convicción del accionista mayoritario de marchitar la empresa. Más grave resulta el hecho de que la junta directiva, habiendo autorizado tal operación, haya recibido la orden del Presidente de la República con el fin de cambiar su posición, violando incluso sus propios estatutos. La voz de los accionistas minoritarios no fue escuchada, al punto que dos miembros de su junta, manifestaron su inconformidad y absoluto rechazo, renunciando a la misma, al ver irrespetadas sus decisiones y vulnerados sus derechos e intereses, así como los de todos los accionistas.

Sorprende y preocupa que ante semejante insensatez, los accionistas minoritarios no hayan iniciado acciones legales, tal y como ocurre con la acción de grupo en contra del accionista mayoritario y del mismo gobierno nacional, por atentar contra los intereses de la compañía y de estos como accionistas. La legislación colombiana y casi todos los ordenamientos jurídicos, han consagrado mecanismos para proteger a estos grupos minoritarios que se ven afectados por decisiones contrarias a sus intereses y a los intereses de la sociedades. Se encuentran en mora de actuar.

Aterra la pasividad de la Contraloría, pues no se ha manifestado ni iniciado las acciones legales para defender el patrimonio público de los colombianos. Recordemos que esa es su función y que el Presupuesto General de la Nación, se financia en una proporción importante de los impuestos y los dividendos que esta compañía representa.

Es hora de hacer un llamado a todos y cada uno de los colombianos y de los accionistas para iniciar las acciones legales a que haya lugar, con el fin de proteger el patrimonio público y el de cada uno de los inversionistas. No se puede olvidar incluso que los fondos privados de pensiones, son después del Estado los mayores accionistas y, que tales decisiones que empobrecen la compañía, atentan contra las pensiones de cada uno de sus afiliados. Llegó el momento de alzar la voz y de no permitir que la joya la corona se convierta en una iguana en vía de extinción.