La protección del empleo

La pandemia ha ocasionado graves efectos para nuestra sociedad, para la salud fiscal del país y en especial para el empleo. Como colombianos hemos visto que para el año 2020 se observó́ un crecimiento de 5,4 pp de la tasa de desempleo nacional de 10,5% en 2019 a 15,9% en 2020, esto implicó una destrucción de casi 2,5 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, hay que decir que si no hubiera sido por las ayudas implementadas por el Gobierno que contribuyeron a mitigar el impacto, las cifras serían aterradoras.

La creación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), fue la mayor apuesta efectuada por el Estado para proteger los puestos de trabajo y de esa manera los ingresos de los hogares. Entre mayo de 2020 y marzo de 2021 se aprobaron subsidios para más de 4.150.000 de trabajadores que prestan sus servicios a cerca de 142.00 empleadores. Las cifras no mienten, 63,6% de quienes accedieron a la ayuda estatal son microempresas y 27,5% empresas pequeñas. Más de 91% son micro y pequeñas empresas que gracias a estas ayudas pudieron salir a flote.

Más de $6,8 billones fueron destinados a atender a este programa. Se otorgaron subsidios a todas las regiones del país, siendo Bogotá fue la más beneficiada. 90.500 empleadores de todos los sectores de la economía eran microempresas con menos de 10 trabajadores. Para acceder a este subsidio se debían cumplir dos requisitos fundamentales, el primero, consistía en tener una disminución de 20% de sus ingresos y el segundo, cumplir con la obligación de pagar la seguridad social de sus trabajadores. Lo anterior tenía una razón de ser, se buscaba proteger el empleo formal, entiéndase por formal aquel que cumple con todos los requisitos de ley.

Es importante mencionar que por iniciativa del Congreso el Paef tuvo modificaciones interesantes, entre ellas aumentar el subsidio a las empresas de los sectores que se vieron más afectados por el cierre de sus actividades, tales como los relacionados con el turismo y el entretenimiento. Debe resaltarse el gran esfuerzo de esos empresarios por conservar sus trabajadores y un mayor apoyo es un buen ejemplo de focalización. Análisis independiente merece la decisión de que el subsidio fuese mayor para las mujeres, la intención fue loable, pero quedan dudas de su eficacia. Si bien es cierto que existe una brecha muy alta de alrededor de 8 puntos porcentuales de mayor desempleo en la mujeres, debemos revisar con mucho cuidado y crear una política de inclusión laboral. Se recibieron muchas críticas porqué a este programa también accedieron grandes empresas, lo cual es cierto. Sin embargo. ¿Puede el país permitirse perder grandes compañías que generan miles de empleos porque en el momento más duro del aislamiento social no podían desarrollar sus actividades? ¿Es culpable el trabajador por estar en una gran empresa? ¿Podía el país darse el lujo de perder su aparato productivo?

Se protegieron muchos empleos. Con la reactivación económica la tasa de ocupación laboral se ha venido recuperando aunque un poco más lento de lo esperado. Es hora de pensar que la mayor apuesta que debemos tener como sociedad es la generación de empleo formal y la formalización de quienes hoy no la tienen. Para ello debemos tomar decisiones audaces encaminadas a que los costos laborales sean menores, pues aumentar los impuestos a las empresas es contrario a este propósito.

Es urgente una reforma laboral. Es necesario que se implemente de forma efectiva el piso mínimo de protección, que se estudie la posibilidad de eliminar el concepto de salario mínimo o de tener salarios diferenciados por regiones, que se mire si las cajas de compensación cumplen su función en la ruralidad. Debemos enfocarnos en aumentar la productividad y para esto es indispensable rediseñar nuestras políticas de formación para el trabajo, analizar si el concepto de contrato laboral que hoy tenemos se ajusta a las nuevas realidades y, finalmente, permitir formas de contratación más flexible.