La radicalización como política de Estado

La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de hacer un vuelco en su gabinete ministerial muestra su radicalización, su incapacidad de construir equipo y su talante antidemocrático. Resulta preocupante ver cómo un presidente que se autodenomina progresista y democrático, al observar que sus ideas y proyectos de ley no cuentan con el respaldo de las mayorías en el Congreso de la República, escenario en el que se deben tramitar y resolver las diferencias, decide cerrar las puertas al diálogo para la construcción de consensos e imponer su posición.

Está decisión aumenta la incertidumbre y el temor en los mercados; genera caos en las instituciones públicas y desconcierto en los ciudadanos. El dólar y la prima de riesgo que paga el país por la financiación que recibe, se han visto seriamente afectados primero; por los anuncios de Ricardo Roa como presidente Ecopetrol de no suscribir nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y, segundo, por la sorpresiva salida del Ministro Ocampo de la cartera de Hacienda. En solo dos días la tasa de cambio ha subido cerca de $200, los ADR de Ecopetrol en New York cayeron más de 12% y los intereses que pagamos por nuestra deuda aumentaron cerca de 30 puntos básicos. Esto muestra que los inversionistas, los ahorradores y los financiadores no creen en el presente ni en el futuro de la política económica implementada por el actual gobierno, circunstancia que se encuentra justificada, pues se está demostrando que por un desacuerdo, el Gobierno acabó de tajo con la coalición y perdió todo margen de maniobra.

Con arrogancia en cambio mantuvo a la Ministra de Minas y Energía, quién ha demostrado un absoluto desconocimiento del sector, un sesgo ideológico y una aversión al sector privado que genera los recursos necesarios para implementar una transición energética justa y sostenible. Por el contrario, decidió prescindir de la Ministra de Agricultura por defender la importancia del sector que más recursos le genera al país y por manifestar que es utópico y necio renunciar a la riqueza y condenar a la población a vivir en condiciones de precariedad. Con Agricultura y Hacienda salen del Gobierno dos ministros que mostraron responsabilidad en el ámbito fiscal, respeto por las instituciones y quienes defendieron los logros sociales alcanzados a lo largo de los años.

El disenso no tiene cabida en una política fincada en una ideología y un mesianismo según el cual es imperativo desconocer y destruir los cimientos de la sociedad, para empezar de cero y crear un nuevo sistema en el que no se respetan las instituciones, ni las mejoras de quienes han alcanzado alguna mejora en su condición de vida con base en su trabajo y en las posibilidades que les haya brindado la institucionalidad. El único camino es refundar la sociedad.

Con un discurso sectario, agresivo y autoritario, el presidente considera que por haber ganado las elecciones, tiene patente de corso para gobernar a su antojo. Argumenta que los más de 11,2 millones de votos que obtuvo le otorgan un mandato y una legitimidad que debe reconocer y soportar una población de más de 50 millones de habitantes. Desconoce que es el gobernante de todo un país y que tiene la obligación de velar por los intereses de la totalidad de la población. Ganó las elecciones, es cierto, la democracia pidió un cambio, pero la sociedad no claudicó en su nombre y tampoco lo facultó con poderes ilimitados y absolutos. Es su obligación buscar consensos y someterse a las reglas de la democracia. Flaco favor se hace al atrincherarse con sus más radicales seguidores pues divide y polariza aún más el país, y traiciona a quienes pusieron sus esperanzas en un discurso en el que se prometió, entre otros, la búsqueda de acuerdos sobre los fundamentales los cuales se destruyen, y una paz total, que no existe, pues sin su actuar y en muchos casos con su condescendencia, cada día los índices de violencia aumentan. Quieren alimentarse y fortalecer el caos en perjuicio de la sociedad.