Paren de gastar

Las finanzas públicas son responsabilidad de todos y la sostenibilidad del Estado tiene que asegurarse para que este pueda satisfacer las principales necesidades de los habitantes. En Colombia normalmente nos preocupamos por el gasto público y le exigimos al Gobierno todos los días que cree un programa adicional, un nuevo servicio, un subsidio en favor de un grupo determinado. Todos los días exigimos más, nos quejamos más, pero pocas veces nos sentamos a pensar en cuanto aportamos y en reconocer los beneficios que recibimos.

Tenemos que hacer un alto y reflexionar al respecto. En el seno del Congreso existen iniciativas que de aprobarse, llevarán al país a ser insostenible fiscalmente teniendo en cuenta que, en su mayoría, pretenden aumentar el gasto público o las transferencias que se deben efectuar a las regiones, lo que implica menor capacidad por parte del Presupuesto General de la Nación para cumplir con sus obligaciones y un incremento insostenible de los intereses que se paguen por la deuda pública . Este apetito por el gasto público terminará por quebrar el Estado, y sí, los estados se quiebran y las consecuencias las sufrimos todos.

En estos momentos se debate un proyecto de Acto Legislativo que pretende aumentar las transferencias a las regiones a través del Sistema General de Participaciones-SGP y que en 10 años estas asciendan al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación, cuando hoy equivalen a cerca del 23,5% de los mismos. Las consecuencias de semejante despropósito son lapidarias para las finanzas públicas, implica reducir en más de un 50% los recursos destinados a la inversión y el funcionamiento del Gobierno Nacional; es más, acabaría con la inversión pública y no permitiría financiar siquiera los gastos de funcionamiento del Estado, con lo cual perdería su esencia de existir. Por si fuera poco, obligaría al Estado a adquirir nueva deuda pública, elevándola en los próximos 10 años, situándola en cerca de 70% del PIB y, llevando el déficit a cerca de 6,4%. Insostenible.

Si a esto se le añaden los costos que representa para las finanzas públicas en el futuro inmediato la reforma pensional aprobada, que esperamos sea declarada inexequible por la Corte Constitucional, la cual implicará un gasto anual adicional de cerca de 0,5% del PIB mal contados $8 billones y que en el largo plazo llegará a representar según el CARF más del 125% del PIB, podemos concluir que no hay manera de sostener el gasto y seremos un Estado fallido, en el cual no se podrá garantizar a los ciudadanos, la seguridad, los servicios y bienes públicos, ni el efectivo goce de sus derechos.

Para hacer más dramática la situación, preocupa profundamente el proyecto de reforma a la salud, la cual representa hacia el futuro mayores esfuerzos por parte del Presupuesto Nacional, y requiere adicionalmente del saneamiento de las deudas acumuladas con el sistema, los cuales han venido asfixiando al sector. Tristemente estos gastos adicionales tampoco cuentan con nuevas fuentes de financiación, poniendo en riesgo la prestación efectiva del servicio de salud.

No siendo suficiente, el Gobierno anuncia cada día un nuevo gasto sin autorización legal y, más grave aún, sin fuente de ingresos. Solo hay que recordar los anuncios relacionados con el pago de la opción tarifaria en materia de energía eléctrica, con la compra de la producción de hoja de coca, el no incremento de los peajes y asunción de sus costos, el otorgamiento de subsidios por no delinquir y, sumado a esto, la creación de burocracia ineficiente como el Ministerio de la Igualdad.

Basta ya, no podemos seguir derrochando nuestros recursos, aumentando la presión sobre las finanzas públicas y asfixiando al sector productivo con impuestos.

Es hora de efectuar un ajuste muy fuerte en el gasto público, de dejar de proponer medidas que no cuentan con fuentes de financiación y de exigir que más ciudadanos contribuyan con el financiamiento del Estado, de lo contrario estaremos condenados a perder todo aquello que hemos construido.