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La inflación es quizá el mayor flagelo económico para las personas de escasos recursos, perder capacidad adquisitiva porque el costo de la vida aumenta por encima de sus ingresos, se constituye en la mayor causa de ampliación de brechas y profundización de desigualdad. En lo corrido del año hemos visto que la inflación que se ha presentado es la más alta de los últimos años en varios países. Por ejemplo, en EE.UU. se ubica en 6,2%, la más alta observada en los últimos 30 años; de igual manera ocurre en México que con una inflación de 7,37% ha sido la más alta en dos décadas.
En Colombia hoy nuestra inflación se ubica en 5,26%, muy superior a la meta establecida por el Banco de la República. Es importante tener en cuenta que varios expertos y analistas consideran que los altos precios de materias primas, energía, crisis de los contenedores y restricciones que enfrentan los procesos productivos, pueden llevar a que este efecto inflacionario se prolongue más allá de lo estipulado, sobre todo en América Latina.
De la misma forma existen factores internos que sumados a la depreciación de nuestra moneda, pueden afectar las expectativas de inflación para 2022. Es así como el aumento de la demanda y la terminación de alivios establecidos para atender la pandemia, pueden generar un efecto inflacionario que debe tenerse en cuenta.
Dicho esto, una de las principales discusiones que se darán en diciembre tiene que ver con el salario mínimo, siendo importante recordar que la base para tal incremento está dada especialmente por dos factores; el costo de vida, es decir, la inflación observada y, en segundo lugar, la productividad laboral, que consiste en ese aporte que hacen los trabajadores formales en el crecimiento de la producción y de la actividad económica. La definición del aumento del salario mínimo debe recoger estos aspectos, pero por prudencia no debe ser superior a los mismos y menos en estos momentos.
Un aumento injustificado o demasiado alto que, si bien suena beneficioso para los trabajadores formales, puede resultar perjudicial para todos los colombianos. En primer lugar, el desempleo en Colombia continúa estando en niveles muy altos, incluso por encima de niveles de prepandemia, razón por la cual, encarecer el costo de la mano de obra formal, además de poner en riesgo los empleos actuales y desincentivar la creación de nuevos, incide directamente en el aumento de la informalidad.
Otro aspecto relevante es el riesgo inflacionario que el aumento del salario mínimo representa. Debe tenerse en cuenta que nuestro país tiene una tasa de informalidad cercana a 48% y que casi la mitad de los colombianos reciben menos del salario mínimo, razón por la cual, no se beneficiarían de ese aumento, pero sí se verían afectados en su costo de vida; recordemos que el aumento de la demanda no soportada en un crecimiento real y una mayor productividad genera inflación. Adicionalmente, hay costos y precios de nuestra economía que están indexados al salario mínimo, en especial, en materia pensional, con lo cual, el costo fiscal puede ser muy alto.
Como país se debe dar una discusión responsable frente a los efectos que puede tener un aumento injustificado, que, si bien dará una ilusión monetaria de incremento en el poder adquisitivo, se trasladará en mayor valor de los productos debido a que los empleadores no tendrán como soportar esos mayores costos laborales y subirán el precio de sus bienes y servicios. Adicionalmente, puede ir en contra de la generación y protección del empleo. Por último, hablar de crecimiento soportado en consumo interno en un contexto internacional de altas inflaciones y con riesgos en el costo de materias primas, con problemas en cadenas de suministro, puede ser riesgoso a mediano plazo y puede desembocar en un efecto inflacionario permanente. El alza del mínimo no debe hacerse con el corazón sino con la razón.
